31 Jan 2018 - 2:00 a. m.

¿Hasta cuándo?

El Espectador

¿Cómo logramos que las comunidades víctimas confíen en la institucionalidad y la democracia si sus reclamantes son asesinados? / Jeison Riascos
¿Cómo logramos que las comunidades víctimas confíen en la institucionalidad y la democracia si sus reclamantes son asesinados? / Jeison Riascos

Siguen siendo asesinados líderes sociales en regiones históricamente afectadas por el conflicto, ante la impotencia del Estado y la frustración de quienes le apuestan a la democracia colombiana. Uno de los casos recientes, además, tiene el agravante de que involucra al Ejército en hechos que todavía no han sido aclarados de manera suficiente. Crecen las tensiones entre la población, la Fuerza Pública y los grupos al margen de la ley; brillan por su ausencia las soluciones que muestren resultados tangibles. ¿Nos quedó grande el posconflicto?

El 26 de enero fue asesinado el guardia mayor de la comunidad embera, Eleázar Tequia Bitucay, de 41 años, quien participaba en una minga educativa. Según el Ejército, Tequia Bitucay murió cuando intentaba desarmar a un uniformado. Sin embargo, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) rechazó esa versión y pidió una investigación rigurosa. En Chocó hubo marchas de indígenas lamentando la muerte y entonando arengas en contra de la Fuerza Pública. Es claro que este no era el escenario que esperábamos encontrar después del Acuerdo de Paz.

Es necesario que pueda explicarse, sin lugar a dudas, lo que ocurrió en la muerte del líder. No tenemos motivos para cuestionar la buena fe del Ejército y el país ha visto cómo las tensiones de las protestas han venido escalando, pero por eso mismo debe haber una investigación que le explique al país lo ocurrido.

Según la ONIC, desde la firma del Acuerdo de Paz con las Farc han sido asesinados 46 indígenas en todo el país. Esto dentro de un marco de 170 indígenas, afrodescendientes y campesinos líderes sociales que fueron asesinados en el 2017, según información recolectada por Indepaz.

No vamos a entrar de nuevo en el debate estéril de la sistematicidad, que tanto distrae a los miembros del Gobierno de Juan Manuel Santos. Pero, además del caso que venimos discutiendo, en los últimos días ocurrieron dos muertes más que duelen en la conciencia nacional.

Temístocles Machado, líder cívico de Buenaventura, reconocido por la defensa de su comunidad en temas de títulos de propiedad, servicios básicos, seguridad y acceso a la justicia, fue baleado por desconocidos. Ayer, Nicomedes Payán, fiscal de la Junta de Acción Comunal de Mamuncia, en López de Micay, costa pacífica caucana, también fue asesinado.

¿Qué podemos hacer? ¿Por qué el Estado no puede proteger a sus líderes? ¿El reto de los grupos ilegales es más grande de lo que se está confesando? ¿Cómo logramos que las comunidades víctimas confíen en la institucionalidad y la democracia si sus reclamantes son asesinados?

Como retomó Jaime Arocha en su columna para El Espectador, un trino del Proceso de Comunidades Negras en respuesta a la muerte de Machado resume la situación muy bien: “¿Hasta cuándo la defensa de toda forma organizativa del pueblo negro tiene que costarnos la vida?”.

Mientras Colombia no sea capaz de contestar a esa pregunta, seguirá siendo muy difícil hablar de paz.

 

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