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18 Dec 2021 - 5:00 a. m.

Hasta que la justicia sea una aliada de la igualdad

En medio de sistemas de justicia colapsados hay poca capacidad de investigar los crímenes contra personas LGBT y, más aún, de comprender si las agresiones estuvieron motivadas por el prejuicio. / Fotografía de referencia de José Vargas Esguerra (El Espectador).
En medio de sistemas de justicia colapsados hay poca capacidad de investigar los crímenes contra personas LGBT y, más aún, de comprender si las agresiones estuvieron motivadas por el prejuicio. / Fotografía de referencia de José Vargas Esguerra (El Espectador).
Foto: Jose Vargas

América Latina sigue siendo una región muy hostil para las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans (LGBT), y los gobiernos no están haciendo lo suficiente para entender las raíces de la violencia, así como las formas en las que se presenta. Esta semana, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se llevó a cabo una audiencia pública sobre el acceso a la justicia en casos de violencia contra personas LGBT. Los resultados, presentados por distintas organizaciones del continente (nuestro país estuvo representado por Colombia Diversa), muestran todo el trabajo que falta por hacer.

Hay, en particular, dos problemas. Uno, claro, es que persiste la violencia. Los crímenes contra personas LGBT, muchos de ellos motivados en el prejuicio, aumentaron en el año de la pandemia. El segundo problema es que no hay facilidad en acceder a la justicia, lo que fomenta la impunidad y, a su vez, que la violencia se siga presentando.

Las cifras están. Según Colombia Diversa, en nuestro país el año pasado hubo un aumento del 36 % en las agresiones contra personas LGBT que son identificadas como líderes sociales. Entre 2017 y 2020, la organización registró ataques contra 177 personas LGBT que desempeñan esa labor. Abriendo la mirada, solo en 2020 se conocieron 738 personas LGBT que fueron víctimas de homicidio, amenazas y violencia policial. Dentro de la región latinoamericana, Colombia, México y Honduras concentran el 89 % de los asesinatos de personas LGBT que se reportaron. Esa cifra, no obstante, debe entenderse en el marco de otros países que no llevan buenos registros de los crímenes por prejuicio, por lo que es probable que haya muchos casos sin reportar.

Colombia ha tenido avances gracias al juicioso trabajo de múltiples organizaciones de la sociedad civil y a la creciente voluntad política de los gobiernos. Por eso, en la audiencia se reconoció como un modelo que ha funcionado. Pero el trabajo, tanto en nuestro país como en la región, sigue siendo enorme. Según la Red Regional de Información sobre Violencias LGBTI en América Latina y el Caribe (Red SInViolencia LGBTI), “entre 2014 y 2020 (se registraron) 1.989 casos de asesinatos de personas LGBTI en la región”.

La mayoría de esos casos, además, quedan en la impunidad. En medio de sistemas de justicia colapsados hay poca capacidad de investigar los crímenes contra personas LGBT y, más aún, de comprender si las agresiones estuvieron motivadas por el prejuicio. Por eso, ante la CIDH se propuso un modelo de protocolo latinoamericano para la investigación y el juzgamiento de casos de violencia contra personas LGBT. Debería adoptarse, pero los países tienen que ir mucho más allá. Es difícil, especialmente cuando tantas naciones tienen líderes que ven en las poblaciones históricamente discriminadas una oportunidad de ganar votos a partir de la estigmatización y la burla. Lo hemos visto en las elecciones recientes de Centroamérica y es probable que esos discursos surjan en Colombia el año entrante.

El camino a la igualdad pasa por comprender la violencia y que la justicia actúe. Los países necesitan redoblar su compromiso, pues son muchas las deudas que siguen teniendo con las personas LGBT.

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