...pero hay esperanza

Si hace una semana en este mismo espacio comentábamos llenos de escepticismo el marasmo de intereses particulares rayanos en la corrupción que se ha venido tomando las altas cortes de nuestra justicia, esto a raíz del debate surgido por las declaraciones del saliente magistrado de la Corte Constitucional y expresidente de la Suprema Nilson Pinilla —para nosotros oportunas pero algo tardías, para otros sencillamente oportunas y valientes—, esta semana hemos de celebrar con optimismo que el Consejo de Estado haya dado muestras de que el tema allá adentro hay a quienes en serio les preocupa y que no todo vale en el más alto nivel de nuestra justicia.

Nos referimos, por supuesto, a la decisión que el pasado miércoles tomó la sala plena de dicha institución en el sentido de anular la elección para integrar el Consejo Superior de la Judicatura de su presidente en ejercicio, Francisco Javier Ricaurte. Una decisión que, además, debe llegar también al presidente de la sala administrativa de la misma judicatura, Pedro Munar, elegido al tiempo y con la misma práctica que Ricaurte y sobre quien corren demandas idénticas a la fallada.

Que se haya presentado una decisión adversa a quienes, como Ricaurte y Munar, se habían convertido en símbolos del impune intercambio de favores en las altas cortes, no es asunto de poca monta. Y menos lo es que se haya dejado para definición en sala plena y que, ya allí, la ponencia de la magistrada Susana Buitrago, que pretendía dejar incólume la elección de Ricaurte, haya sido derrotada por sus colegas. De ahí la esperanza que genera esta sentencia que ojalá conozcamos pronto, pues se anuncia que contempla argumentos incluso más gruesos que los que planteaban las demandas originales de Dejusticia y de un grupo de periodistas y juristas independientes.

De cualquier forma, el argumento de las demandas era muy poderoso y la defensa, en extremo leguleya. La historia, en breve, dice que Munar y Ricaurte habían sido magistrados de la Corte Suprema, el primero entre noviembre de 2003 y octubre de 2011, el segundo entre octubre de 2004 y septiembre de 2012. Es decir, ambos participaron en la elección de buena parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que a su vez los eligieron, el 13 de noviembre de 2012, para el Consejo Superior de la Judicatura. ¿Es esto ilegal? En toda lógica, sí; literalmente, no.

El artículo 126 de la Constitución dice que no se puede elegir a personas que tengan vínculo en cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil de quien haya participado en su propia elección. No dice nada del propio elector, sino de sus afines. Esa era la defensa. Irracional, pues claramente el artículo busca evitar el intercambio de favores, el famoso “yo te elijo, tú me eliges”, y si incluye a sus familiares cómo no va a ser más grave el propio.

Albricias, pues, por la línea trazada esta semana. Pero, eso sí, con la claridad de que aunque veamos con optimismo la decisión —a la que habría que sumar la del mismo día anulando la terna de la que salió elegido para la Corte Constitucional Alberto Rojas Ríos, esto por haberse conocido la votación, cuando expresamente la norma indica que la votación debe ser secreta—, lejos estamos aún de una celebración del estilo “la tarea está cumplida”. Porque por supuesto que no lo está. Bien puede afirmarse que el descaro ha sido afectado, pero los males son muchos y siguen a la vista. Con todo, saber que no somos unos cuantos editorialistas y analistas los preocupados, sino que allí adentro hay también no solo preocupación sino además propósito de enmienda, abre las esperanzas que hace una semana por ninguna parte encontrábamos. Ojalá no sea apenas flor de un día. Confiamos en que no.

 

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