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Quieren sabotear las elecciones locales de octubre. Mientras el Gobierno Nacional no ha logrado concretar acuerdos de no agresión con diversos grupos criminales, Colombia está previendo el período electoral más violento en su historia reciente. Siguiendo con la tendencia al alza en agresiones y asesinatos contra líderes políticos desde el 2018, cuando tuvimos las elecciones más pacíficas en nuestra historia, el 2023 ya se posiciona como un año trágico y apenas está empezando la parte más difícil de la campaña.
Las inscripciones de candidatos a cargos locales que se cerraron esta semana estuvieron acompañadas de violencia. Un informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) debe prender todas las alarmas, por si no estaban sonando aún con suficiente fuerza. “La violencia contra liderazgos en los primeros siete meses del calendario electoral de 2023 es la más alta de los últimos cuatro períodos electorales”, dice la MOE, y agrega que incluso supera “la violencia ocurrida durante el mismo período de las más recientes elecciones nacionales de 2022, marcado por un incremento sustancial de la violencia respecto del 2018, fundamentalmente en contra de los líderes y lideresas políticos”. Además de los 63 asesinatos y 36 atentados contra líderes políticos que reporta la MOE, son llamativos los 212 casos de amenazas que se denuncian. Es evidente que la estrategia que buscan los grupos al margen de la ley es la de sembrar terror y sangre para ser protagonistas en las elecciones.
Es verdad que desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC la situación de inseguridad viene empeorando de manera paulatina. Durante el gobierno de Iván Duque hubo una estrategia fallida que no logró proteger la vida de los líderes sociales, líderes políticos ni de los excombatientes. Sin embargo, desde que el presidente Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño no hay señales de mejoría alguna. Está, claro, la apuesta de paz total que, en caso de aterrizar con éxito, cambiaría de manera drástica la situación del país, pero mientras eso ocurre, y si ocurre, los grupos ilegales siguen mostrando los dientes. El resultado es que incluso organizaciones que acompañan al Gobierno en su propósito de paz han elevado denuncias por el asesinato de líderes sociales.
Esta historia la conocemos bien: allí donde no hay Estado o donde las autoridades se ven doblegadas por los grupos ilegales, las elecciones se celebran en medio del terror. Apostarle a la democracia se convierte en un ejercicio de alto riesgo, pues hay territorios vedados para los candidatos. No se puede hacer campaña y, si ganan el puesto, no se puede gobernar. Lo que hace que las poblaciones se sientan a merced de los caprichos de los criminales que tengan control de la zona. Hay denuncias contra las disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo y grupos varios que hay por todo el país.
Ahora que (por fin) arranca la campaña en forma, es necesario que el Gobierno preste especial atención al Cauca, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Cesar y Santander, donde la MOE reporta casi la mitad de todas las agresiones que hay en Colombia. No podemos permitir que el miedo triunfe en las urnas.
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