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Cabe la pregunta: ¿No es injusto que el caso que el caso del expresidente Álvaro Uribe se mantenga en detención domiciliaria preventiva mientras su caso vive en un limbo jurídico después de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cediera su competencia? La demora en la toma de decisiones, que le impide interponer recursos, así como la dilación al momento de explicarle al país qué es lo que está ocurriendo, es fuego retórico para quienes desean desestabilizar a las instituciones y, además, produce justa frustración para las expectativas que tiene el exsenador del derecho al debido proceso.
La pregunta por la detención preventiva de Uribe no es menor. Bajo la Ley 600 de 2000, que regía cuando la CSJ tenía competencia, ese alto tribunal decidió recluirlo en su finca El Ubérrimo, pues encontró probado que la libertad del expresidente era un peligro latente para la integridad del proceso. Se adoptó esta medida porque, como explicó Yesid Reyes Alvarado en El Espectador, en la Ley 600 “la única medida de aseguramiento que se puede aplicar a un sindicado es la detención preventiva, sea intramural o domiciliaria”. En cambio, ahora está la posibilidad de que el proceso se lleve bajo la Ley 906 de 2004, que, como también dice Reyes, “consagra -aparte de las dos ya mencionadas- nueve medidas de aseguramiento distintas”, varias de ellas mucho menos lesivas que la que actualmente tiene el exmandatario.
La Fiscalía, la Procuraduría y la jueza del caso coinciden en que, con el cambio de competencia y la renuncia al fuero, el caso debería llevarse bajo la Ley 906. Sin embargo, para estar segura de esto, la jueza elevó una consulta procedimental a la CSJ. Ahí es donde surge el problema en el que estamos: mientras el alto tribunal no responda, el proceso no puede avanzar y, en la práctica, Uribe sigue detenido. Ante eso, la defensa del exmandatario no tiene ningún recurso a su disposición, de manera que el procesado está en un limbo que, aunque no sea ilegal, sí produce angustia y se siente como una injusticia. A esto hay que sumarle que los magistrados del alto tribunal han tardado más tiempo del esperado en contestar.
No estamos, por supuesto, tratando de influenciar la decisión sobre si la detención preventiva debería mantenerse. La jueza bien podría, una vez resuelta la consulta en la Corte, considerar que las pruebas son suficientes para mantener esa medida de aseguramiento. Pero ante esa eventual decisión de la jueza, la defensa sí podrá actuar, interponiendo recursos. El punto es que, mientras estamos en esta laguna jurídica, una persona está privada de la libertad sin poder ejercer su derecho al debido proceso.
Dirán que exageramos, pero, en este caso y en cualquier otro, una dilación meramente consultiva mientras el procesado está privado de la libertad es injusto contra su derecho a la defensa. Una vez la CSJ cedió su competencia, el caos jurídico amerita especial celeridad.
Lo hemos dicho: los casos contra Álvaro Uribe Vélez son de interés nacional y deben llevarse con total transparencia y las menores dilaciones posibles. Tampoco debe quedar duda alguna sobre el respeto a sus derechos procesales. Ya vimos en redes sociales cómo sus seguidores, siempre prestos a dudar de las instituciones, utilizan esta demora de la Corte para seguir estigmatizándola y sembrando dudas sobre todo el proceso. Pierde Colombia, en medio de todo.
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