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Hidroituango solo debe entrar en operación cuando los expertos estén seguros de que no habrá peligro alguno y de que todos los equipos están en óptimas condiciones para comenzar a generar energía. Si eso implica que no se cumpla el plazo del 30 de noviembre, impuesto por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), pues habrá que comenzar a hablar de cómo se puede prorratear el pago de la multa, una vez esté en funcionamiento el proyecto de generación de energía. El ruido político que rodea la entrada en funcionamiento de la hidroeléctrica no debe opacar el extraordinario esfuerzo para salvar un proyecto que estuvo a punto de colapsar, y menos dejar a un lado los aprendizajes de dicho colapso. Es preferible otro aplazamiento a una entrada apresurada que deje el más mínimo resquicio por donde se pueda colar un desastre.
Hidroituango no puede fallar. Esta frase, claro, es una expresión de deseo y necesidad, mas no una certeza. No puede fallar porque Colombia necesita la energía que generará y porque el esfuerzo de tantos años y tantos recursos invertidos no debe perderse. Ahora, en realidad, sí puede fallar por mil razones. Se trata, después de todo, de una de las obras de infraestructura moderna más complejas de llevar a buen puerto y ya hemos visto cómo las cosas pueden salir mal. Por todo esto, es fundamental que solo se prendan las turbinas cuando los expertos estén absolutamente seguros de que todo saldrá bien.
Hablando con Blu Radio esta semana, el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, dijo: “Es una buena noticia que se empiezan a hacer pruebas con agua con una caída de 200 metros. Ya se inician las pruebas en las dos turbinas, y si pasan exitosamente, se inicia operación antes del 30 de noviembre”. La palabra clave es ese “si” condicional: las pruebas técnicas, que pueden durar hasta unos 20 días, son las que dirán si Hidroituango entra en operación. Así debe ser. Como dijo Carrillo: “Estamos listos para entrar en operación antes del 30 de noviembre, pero tenemos que valorar el riesgo para no comprometer la integridad de más de 200.000 personas”. Estamos de acuerdo.
El afán es político y financiero. Si EPM no cumple con la entrada en operación antes del 30 de noviembre, la CREG la podrá multar con cerca de US$1.200 millones, lo cual podría poner en riesgo incluso la viabilidad de la empresa. No por ello se pueden tomar decisiones irresponsables y, sin ocultar las responsabilidades en la catástrofe ocurrida, es importante darles un aire al proyecto y a la empresa. Una prórroga al plazo estipulado mandaría un mensaje problemático de “todo vale”, pero sí se podría establecer desde ya que la eventual multa se pueda cubrir con un plan de pagos realizable una vez Hidroituango entre en operación.
La batalla política no ayuda en el proceso. Daniel Quintero, alcalde de Medellín, escribió en Twitter que “las ratas quieren que se caiga Hidroituango. Que corramos como ellos, que cambiemos diseños y hagamos mal las cosas”. Los sucesivos aplazamientos en la entrada en operación de las primeras turbinas han servido entre tanto para ventilar posibles fallas en cobros de seguros o cambios de contratistas. Toda esa presión política no hace más que imponer un estrés innecesario sobre una decisión que debe ser técnica.
Por supuesto, habrá tiempo para preguntar por los responsables en todo lo que ha fallado, incluida la tardanza. También, cumplido el hito, es mucho lo que habrá que vigilar en las siguientes fases. Empero, en una situación de tanta trascendencia, no se puede perder el norte: que Hidroituango solo arranque cuando esté lista para hacerlo, teniendo presente que su arranque es una necesidad y un beneficio clave para el país.
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