De igual manera, se convierte en el mejor momento para retomar el debate sobre el futuro de la OEA que, como institución regional encargada de preservar y fortalecer la democracia, ha enfrentado evidentes limitaciones y falencias que se hicieron patentes durante la crisis en dicho país.
Como habíamos mencionado en anteriores editoriales, en el país centroamericano se presentó lo que se ha denominado —no sin razón— como un golpe de Estado “perfecto” contra el presidente Manuel Zelaya. Golpe que violó claramente la Carta Democrática Interamericana y que les permitió a los golpistas salirse con la suya: sacar a Zelaya del poder, resistir la presión internacional y llevar a cabo un proceso electoral que concluyó con la elección de un nuevo presidente. El descabelle se dio cuando Lobo firmó, recién posesionado, una ley de amnistía general a todos los involucrados de lado y lado, incluidos los militares que materializaron el golpe, así como la salida de Zelaya para República Dominicana. Micheleti, el satisfecho presidente de facto, se alejó prudentemente del cargo durante la última semana. Lobo, con su llamado a la unidad y a pasar la página, espera que la comunidad internacional tarde o temprano reconozca su gobierno y pueda retornar a la OEA.
Precisamente el organismo interamericano ha estado en el ojo del huracán desde que empezó la crisis. Su desempeño, así como el de su secretario general, José Miguel Insulza, ha sido objeto de críticas por la poca eficacia que demostró la OEA en este capítulo. También se ha cuestionado el hecho de que el ente hemisférico haya tenido mano de hierro contra Honduras y no suceda lo mismo con países donde se atenta de manera evidente contra la institucionalidad democrática, como en el caso de Venezuela. De ahí que parezca hoy urgente reformar la Carta de la OEA, para adecuar el organismo a las nuevas realidades políticas interamericanas.
Hace muchos años, Alberto Lleras dijo que la OEA sería lo que sus Estados miembros quisieran que fuera. Este hecho sigue teniendo hoy total vigencia, dado que el organismo regional es la suma de las voluntades de países tan disímiles, como Estados Unidos, Venezuela y San Kitts y Nevis. No hay que olvidar que en su seno las decisiones se toman por consenso en aras de mantener la unidad de acción. Como hecho paradójico, en el caso de Honduras, la condena del golpe de Estado y la aplicación de la Carta Democrática, fue unánime. De allí, precisamente, salieron las directrices que debía seguir el Secretario General.
Tal vez por este mismo hecho es que el propio Insulza le puso el cascabel al gato al insistir, de tiempo atrás, en la necesidad de revisar la Carta de la OEA, de manera pronta, para que se entren a definir nuevos parámetros de acción inmediata que no estén circunscritos al clásico cuartelazo, tal y como se establece en la actualidad. En este sentido, en recientes declaraciones Insulza instó a contar con una definición “más amplia” del concepto de Estado, más allá del Ejecutivo, y que se pueda “tener una mejor definición de qué es lo que se interpreta como grave atentado a la institucionalidad democrática” en la Carta. De esta manera, en un debate abierto, que interprete el sentir de los países de la región, se podría dar un importantísimo paso adelante para empoderar a la organización y, especialmente, a su Secretario General, quien no cuenta con la suficiente libertad de acción para actuar preventivamente en casos similares al presentado en Honduras.
La pertinencia de abordar pronto este asunto es, a no dudarlo, crucial. Hay que hacer una revisión a fondo de la mencionada Carta Democrática. El debate que se espera será arduo y ya se avizoran posiciones complejas y discordantes en su seno. Pero esa es la esencia de la democracia: la sana discusión y la negociación, que a su vez se constituyen en la razón de ser de la entidad encargada de preservarla en el hemisferio. Puede que la OEA tenga muchas falencias, pero, al igual que con la democracia, es lo mejor que existe. Y si no existiera, habría que inventarla.
Por El Espectador
