Honrar lo pactado: la inconveniencia de los cambios a la JEP

Con la aprobación de la reglas de juego que dan luz verde a la Jurisdicción Especial para la Paz para que pueda actuar plenamente, el país podrá, por fin, emprender el largo camino de la justicia transicional y se juzgarán a los responsables directos o indirectos del conflicto armado en Colombia. Las previsibles modificaciones que sufrió el proyecto, sin embargo, no terminan de disipar la incertidumbre sobre la justicia transicional, y cualquier modificación debe hacerse a la luz de un Acuerdo que ya se firmó y que debe cumplirse.

Luego de semanas de vacilación, aplazamientos y un tira y afloje entre el Gobierno y las nuevas fuerzas que surgieron a partir de la victoria del presidente electo, Iván Duque, el pasado 17 de junio, estas últimas votaron a favor de los elementos propuestos por el uribismo en torno a la forma en la que deberían ser juzgados militares y policías procesados por el conflicto armado y frente a la extradición de quienes se sometan a la JEP.

Con la llegada de un nuevo gobierno, cuyo proyecto político insistió –y ganó en las urnas– con la promesa de hacerle modificaciones a lo pactado con la hoy desarmada guerrilla de las Farc, es entendible que el uribismo buscará hacer modificaciones que condicionarán la puesta en marcha de la justicia transicional. Es positivo que se haya superado el bloqueo y que la JEP ya cuente con normatividad para que comience a operar con todas las herramientas jurídicas a su alcance. Pero no por esa razón sobra cuestionar la conveniencia de estos cambios para el Acuerdo de Paz y para el futuro de su implementación, y las implicaciones que tienen sobre la justicia transicional frente al derecho internacional.

Dos puntos esenciales de lo que se votó en el Congreso son fuente, y con razón, de reparos. El primero tiene que ver con la anulación de la facultad de la JEP de practicar pruebas ante la solicitud de extradición de un actor del conflicto con el fin de determinar la fecha de la comisión del delito, quitándole los dientes y limitando sus competencias para decidir sobre este asunto.

El segundo tiene que ver con aplazar el comparecimiento de miembros de la Fuerza Pública ante esta jurisdicción hasta que el nuevo gobierno presente un acto legislativo que pueda crear una sala especial para juzgarlos. El plazo sería de 18 meses para que el Congreso legisle sobre la materia.

Más allá de la opinión del actual Gobierno y de varios expertos de que son modificaciones abiertamente inconstitucionales –y será competencia de la Corte Constitucional determinarlo–, queda la amarga sensación de que se quieren introducir cambios que pretenden desconocer un Acuerdo que fue producto del consenso y está blindado jurídicamente en lo sustancial. La creación de una nueva sala también aplazaría, una vez más, el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia, y pondría en un limbo jurídico innecesario a los miembros de la Fuerza Pública que ya han manifestado su compromiso de someterse a la JEP –más de 2.000–, quienes dejarían de recibir los beneficios judiciales que ya estaban contemplados y quedarían expuestos ante una no improbable determinación de la Corte Penal Internacional (CPI) de intervenir en sus casos.

La CPI ya ha expresado su especial interés en el proceso de paz colombiano y su enorme preocupación porque crímenes de lesa humanidad o de guerra, particularmente los perpetrados por agentes estatales, no queden impunes. El riesgo es que considere que el Estado colombiano no está cumpliendo su compromiso internacional de judicializar a los responsables de estos delitos como parte del Estatuto de Roma.

Es momento de que la justicia transicional empiece a andar. Que los ánimos reformistas no signifiquen desdibujar lo construido y que se mantengan fieles a la filosofía del Acuerdo y al derecho internacional. El compromiso con las partes firmantes, la comunidad internacional, las víctimas y el país es ineludible.

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2018-06-30T21:00:00-05:00

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2018-07-01T03:29:23-05:00

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