Hubo elecciones legislativas, pero no hay Congreso

A nueve días del comienzo de la nueva legislatura, el país sigue sin conocer la lista de representantes electos en cinco departamentos, más Bogotá, lo mismo que los de las circunscripciones afrodescendiente e indígenas. La constitución final del Senado tampoco se ha promulgado y, debido a su carácter de circunscripción nacional, no se podrá definir hasta que se revise la última mesa de votación.

Tras comprometerse con la ciudadanía a entregar los resultados consolidados “a más tardar” el viernes 9 de julio, el CNE no sólo incumplió el plazo sino que nadie sabe a ciencia cierta cuál será la fecha para la finalización del conteo. “Nos vamos a tardar y no me comprometo en una nueva fecha para poder cumplir”, aseguró la presidenta del organismo, Adelina Covo, quien explicó que la revisión de escrutinios ha sido especialmente complicada en los departamentos de Bolívar, Valle, Chocó y Magdalena. Por su parte, el magistrado Joaquín José Vives afirmó que fue imposible erradicar el cúmulo de solicitudes interpuestas por candidatos o sus apoderados.

El engorroso trámite que debe darse a cada uno de los cientos de reclamos, quejas o demandas por supuestas irregularidades desborda la capacidad del CNE, y lleva a que el retraso en el cumplimiento de sus tareas sea indefinido. En este proceso algunos magistrados han sido tildados de parciales —debido a sus respectivas filiaciones partidistas o amistades regionales—, a la vez que han sido blanco de presiones y amenazas en los departamentos de Chocó y Bolívar.

Lo cierto es que nada de lo que está sucediendo es nuevo. Evidentemente es preocupante que faltando tan poco para la inauguración del nuevo período legislativo el país no tenga certeza sobre quiénes serán sus congresistas, pero este fenómeno de retrasos, demandas y reconteos de votos se viene presentando de tiempo atrás. Hace cuatro años, por ejemplo, la entrega de credenciales oficiales a los legisladores electos se prolongó hasta minutos antes de la instalación del Congreso. Tanto en 2006, como en 2002, las elecciones legislativas estuvieron sucedidas por numerosos reclamos judiciales que objetaron los resultados en ciertos puntos de la geografía nacional. Ante la lluvia de denuncias surgieron firmas dedicadas a asesorar ‘políticos quemados’ y gestionar el reconteo de votos. Y estas empresas hoy inundan con sus abogados los pasillos del CNE.

Estamos entonces ante un problema de fondo, crónico, en el que varias agencias del Estado están en mora de reaccionar. Es preciso combatir el fraude en ciertos municipios de los departamentos de Valle del Cauca, Bolívar, Chocó y Magdalena, donde las anomalías electorales devienen en una constante insostenible. Organismos como la Registraduría Nacional y el CNE deben robustecerse institucionalmente, prever los nuevos retos que implican las consultas internas y presentar a la ciudadanía resultados rápidos y confiables. Hoy por hoy, la democracia, al menos en lo que atañe al Congreso, es débil desde sus orígenes, es decir, desde las urnas de votación.

En este sentido, una de las prioridades del gobierno entrante debería ser blindar a los organismos electorales de influencias legales e ilegales. La desconfianza en los resultados electorales oficiales no sólo mina la legitimidad de la democracia colombiana, sino que significa pérdidas millonarias para la nación. La creciente falta de credibilidad en los organismos de control estatal tiene importantes costos económicos y, claro está, también simbólicos.

A nueve días del comienzo de la nueva legislatura, el país sigue sin conocer la lista de representantes electos en cinco departamentos, más Bogotá, lo mismo que los de las circunscripciones afrodescendiente e indígenas. La constitución final del Senado tampoco se ha promulgado y, debido a su carácter de circunscripción nacional, no se podrá definir hasta que se revise la última mesa de votación.

Tras comprometerse con la ciudadanía a entregar los resultados consolidados “a más tardar” el viernes 9 de julio, el CNE no sólo incumplió el plazo sino que nadie sabe a ciencia cierta cuál será la fecha para la finalización del conteo. “Nos vamos a tardar y no me comprometo en una nueva fecha para poder cumplir”, aseguró la presidenta del organismo, Adelina Covo, quien explicó que la revisión de escrutinios ha sido especialmente complicada en los departamentos de Bolívar, Valle, Chocó y Magdalena. Por su parte, el magistrado Joaquín José Vives afirmó que fue imposible erradicar el cúmulo de solicitudes interpuestas por candidatos o sus apoderados.

El engorroso trámite que debe darse a cada uno de los cientos de reclamos, quejas o demandas por supuestas irregularidades desborda la capacidad del CNE, y lleva a que el retraso en el cumplimiento de sus tareas sea indefinido. En este proceso algunos magistrados han sido tildados de parciales —debido a sus respectivas filiaciones partidistas o amistades regionales—, a la vez que han sido blanco de presiones y amenazas en los departamentos de Chocó y Bolívar.

Lo cierto es que nada de lo que está sucediendo es nuevo. Evidentemente es preocupante que faltando tan poco para la inauguración del nuevo período legislativo el país no tenga certeza sobre quiénes serán sus congresistas, pero este fenómeno de retrasos, demandas y reconteos de votos se viene presentando de tiempo atrás. Hace cuatro años, por ejemplo, la entrega de credenciales oficiales a los legisladores electos se prolongó hasta minutos antes de la instalación del Congreso. Tanto en 2006, como en 2002, las elecciones legislativas estuvieron sucedidas por numerosos reclamos judiciales que objetaron los resultados en ciertos puntos de la geografía nacional. Ante la lluvia de denuncias surgieron firmas dedicadas a asesorar ‘políticos quemados’ y gestionar el reconteo de votos. Y estas empresas hoy inundan con sus abogados los pasillos del CNE.

Estamos entonces ante un problema de fondo, crónico, en el que varias agencias del Estado están en mora de reaccionar. Es preciso combatir el fraude en ciertos municipios de los departamentos de Valle del Cauca, Bolívar, Chocó y Magdalena, donde las anomalías electorales devienen en una constante insostenible. Organismos como la Registraduría Nacional y el CNE deben robustecerse institucionalmente, prever los nuevos retos que implican las consultas internas y presentar a la ciudadanía resultados rápidos y confiables. Hoy por hoy, la democracia, al menos en lo que atañe al Congreso, es débil desde sus orígenes, es decir, desde las urnas de votación.

En este sentido, una de las prioridades del gobierno entrante debería ser blindar a los organismos electorales de influencias legales e ilegales. La desconfianza en los resultados electorales oficiales no sólo mina la legitimidad de la democracia colombiana, sino que significa pérdidas millonarias para la nación. La creciente falta de credibilidad en los organismos de control estatal tiene importantes costos económicos y, claro está, también simbólicos.