Todo el caso de Nicolás Petro ha estado plagado de mentiras y penosos espectáculos públicos. Cuando se conocieron las primeras declaraciones de su exesposa, Daysuris Vásquez, el entonces diputado del Atlántico dijo que todo se trataba de una persecución política. Al ser capturado, pareció mantener esa versión, solo para cambiar su representación legal, aceptar haber recibido dineros mal habidos y declarar a los cuatro vientos que tenía más información sobre posible financiación irregular en la campaña presidencial de Gustavo Petro, su padre. Ahora, después de una inoportuna y cuestionable visita que le hizo el presidente de la República, Nicolás Petro utilizó su cuenta de X para escribir con rimbombancia: “Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo”. En vísperas de un cambio en la Fiscalía General de la Nación es lamentable que un caso tan importante se vea sumergido entre tantas incógnitas.
El caso de Nicolás Petro es frustrante porque parece seguir la trayectoria de los indicios de corrupción en Colombia. A pesar de que existen denuncias y pruebas, los involucrados utilizan todas las herramientas para engañar al país, para ocultar información y para posicionarse como las víctimas. Mientras tanto, la Fiscalía, también afanosa de figuración pública y en una constante torpeza, cae en el juego de perder legitimidad, lo que alimenta aún más los discursos políticos. Meses después de iniciado el escándalo del hijo del presidente, ¿qué le queda a Colombia? Un puñado de declaraciones incendiarias, detalles de la vida íntima del exdiputado, confesiones a medias, muchas preguntas y poco más.
Tal vez es mejor que la Fiscalía tenga que derrotar en juicio a Nicolás Petro si espera una condena. En medio de tantas versiones encontradas, el ente investigador necesita mostrar con transparencia que tiene suficientes pruebas no solo para demostrar los delitos que ya fueron reconocidos en medios de comunicación por el exdiputado, sino todos los otros que se sospechan y que Vásquez ha dejado entrever. El debido proceso, en vigilancia de un juez imparcial, es el antídoto para la politización de un caso que, por supuesto, tiene el sesgo de tratarse de alguien tan cercano al presidente de la República. Lo que sería inaceptable es que después de tanto bombo el proceso termine en nada o que con el cambio que se avecina en la Fiscalía el próximo febrero se privilegie la impunidad. El objetivo es uno solo: responder hasta dónde llegó la financiación ilegal de la campaña y quiénes fueron los responsables de los delitos cometidos.
Seguirán intentando darle vuelta política al caso, pero los colombianos no pueden olvidar los detalles sórdidos que se conocen. El hijo del presidente de la República utilizó su poder dentro de la campaña del Pacto Histórico para recibir dinero no reportado que luego usó para eventos de campaña. Tanto él como su exesposa, Daysuris Vásquez, y el exembajador Armando Benedetti han sugerido que hay más por descubrir sobre la financiación de la campaña Petro en la Costa. Los interrogantes no se pueden quedar sin resolver.
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