La impotencia ante la violencia en las vías
Colombia necesita una guerra doble contra la accidentalidad: campañas que eduquen y autoridades estrictas que les llamen la atención.
El Espectador
La irresponsabilidad y la falta de control por parte de las autoridades en el comportamiento de los motociclistas en las vías del país afectó de manera dolorosa esta semana a un miembro de esta casa. El pasado primero de marzo murió Jaime García después de haber sido atropellado por una motocicleta en Medellín. García, de 89 años, era el padre de Mauricio García Villegas, columnista de este diario, a quien le expresamos toda nuestra solidaridad y afecto ante esta triste, y además insólita, situación. Pero este caso, lastimosamente, no es aislado, sino el retrato cruel de una realidad que se ha vuelto rutinaria. ¿Cuántas muertes y lesiones más va a tener que soportar Colombia antes de que se tome en serio la seguridad en las vías?
Uno de los principales problemas para afrontar esta situación a nivel nacional es la ausencia de información confiable. Con la liquidación del Fondo de Prevención Vial (FPV), la responsabilidad recayó sobre las secretarías de Tránsito de cada municipio y sobre Medicina Legal, los cuales, pese a los esfuerzos que realizan, se enfrentan a información dispersa y poco confiable. Se depende de los reportes policiales sobre lo ocurrido, que no tienen vocación de dar a entender con claridad las situaciones detrás de los accidentes. Pese a que en algún momento se llevaron a cabo campañas de concienciación para prevenir tragedias, esta situación parece marginada en el debate público y, por ende, en las prioridades de las autoridades.
Aún así, los pocos datos que existen son suficientes para exigir un cambio contundente en las políticas públicas sobre el tema. En el 2013, el Banco Mundial y Medicina Legal denunciaron que cada 85 minutos muere un colombiano por culpa de un accidente de tránsito, lo que quiere decir que en el país aproximadamente mueren 6.000 personas al año por esos accidentes, además de los 40.000 heridos con algún tipo de lesión. Más de la mitad de los afectados son transeúntes, seguidos por los motociclistas, que sufren por la vulnerabilidad que les representa su medio de transporte. Según información preliminar, en cinco capitales del país, en el 2015, el 53% de los muertos fueron peatones.
El último informe que produjo el FPV, fechado en el 2013, arroja sugerencias para empezar a enfrentar la situación. Cuando los controles por parte de las autoridades aumentan, el número de muertos se reduce (8,5 % los sábados y 1,8 % los viernes). Dado que el modo de transporte más riesgoso son las motos (42,4 % de quienes murieron en el 2012 las utilizaban), su regulación debe ser estricta y los oficiales de tránsito deben obligar a los motociclistas a cumplir con las normas.
Es habitual ver a los motociclistas incumpliendo las señales de tránsito, dando giros prohibidos o moviéndose peligrosamente entre los carros, entre otros peligros. Mientras tanto, lo que sí es inusual es ver a un policía sancionándolos por su imprudencia. Sufren ellos mismos, porque quedan vulnerables a accidentes, y sufren especialmente los peatones que, como García, son víctimas de una ciudad hostil que los ve como obstáculos y no como seres que deben ser respetados. Colombia necesita una guerra doble contra la accidentalidad: campañas que eduquen a los conductores y autoridades estrictas que les llamen la atención para empezar a luchar contra los incumplimientos a diario.
La muerte de García y la tantos otros miles es inaceptable. No podemos permitir que ese dolor se perpetúe.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.
La irresponsabilidad y la falta de control por parte de las autoridades en el comportamiento de los motociclistas en las vías del país afectó de manera dolorosa esta semana a un miembro de esta casa. El pasado primero de marzo murió Jaime García después de haber sido atropellado por una motocicleta en Medellín. García, de 89 años, era el padre de Mauricio García Villegas, columnista de este diario, a quien le expresamos toda nuestra solidaridad y afecto ante esta triste, y además insólita, situación. Pero este caso, lastimosamente, no es aislado, sino el retrato cruel de una realidad que se ha vuelto rutinaria. ¿Cuántas muertes y lesiones más va a tener que soportar Colombia antes de que se tome en serio la seguridad en las vías?
Uno de los principales problemas para afrontar esta situación a nivel nacional es la ausencia de información confiable. Con la liquidación del Fondo de Prevención Vial (FPV), la responsabilidad recayó sobre las secretarías de Tránsito de cada municipio y sobre Medicina Legal, los cuales, pese a los esfuerzos que realizan, se enfrentan a información dispersa y poco confiable. Se depende de los reportes policiales sobre lo ocurrido, que no tienen vocación de dar a entender con claridad las situaciones detrás de los accidentes. Pese a que en algún momento se llevaron a cabo campañas de concienciación para prevenir tragedias, esta situación parece marginada en el debate público y, por ende, en las prioridades de las autoridades.
Aún así, los pocos datos que existen son suficientes para exigir un cambio contundente en las políticas públicas sobre el tema. En el 2013, el Banco Mundial y Medicina Legal denunciaron que cada 85 minutos muere un colombiano por culpa de un accidente de tránsito, lo que quiere decir que en el país aproximadamente mueren 6.000 personas al año por esos accidentes, además de los 40.000 heridos con algún tipo de lesión. Más de la mitad de los afectados son transeúntes, seguidos por los motociclistas, que sufren por la vulnerabilidad que les representa su medio de transporte. Según información preliminar, en cinco capitales del país, en el 2015, el 53% de los muertos fueron peatones.
El último informe que produjo el FPV, fechado en el 2013, arroja sugerencias para empezar a enfrentar la situación. Cuando los controles por parte de las autoridades aumentan, el número de muertos se reduce (8,5 % los sábados y 1,8 % los viernes). Dado que el modo de transporte más riesgoso son las motos (42,4 % de quienes murieron en el 2012 las utilizaban), su regulación debe ser estricta y los oficiales de tránsito deben obligar a los motociclistas a cumplir con las normas.
Es habitual ver a los motociclistas incumpliendo las señales de tránsito, dando giros prohibidos o moviéndose peligrosamente entre los carros, entre otros peligros. Mientras tanto, lo que sí es inusual es ver a un policía sancionándolos por su imprudencia. Sufren ellos mismos, porque quedan vulnerables a accidentes, y sufren especialmente los peatones que, como García, son víctimas de una ciudad hostil que los ve como obstáculos y no como seres que deben ser respetados. Colombia necesita una guerra doble contra la accidentalidad: campañas que eduquen a los conductores y autoridades estrictas que les llamen la atención para empezar a luchar contra los incumplimientos a diario.
La muerte de García y la tantos otros miles es inaceptable. No podemos permitir que ese dolor se perpetúe.
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