El ambiente político ecuatoriano se encuentra caldeado tras el resultado de las elecciones presidenciales que le dieron el paso a segunda vuelta a Andrés Arauz. La puja por el segundo lugar se encuentra en el limbo, luego de que Guillermo Lasso, el candidato de la derecha, se retractara de su acuerdo para un reconteo parcial de votos, al que había llegado con Yaku Pérez, candidato indígena, que lo sigue como tercero a escasas décimas de diferencia. En medio de esta compleja situación, con segunda vuelta en abril, el fiscal colombiano Francisco Barbosa realizó un inoportuno viaje para entregar a su par ecuatoriana unas supuestas pruebas de financiación, por parte del Eln, al candidato Arauz. El hecho ha sido calificado como una intromisión en la campaña electoral del país vecino.
El tablero del ajedrez político en Ecuador se enrarece de nuevo ante la indefinición del CNE para convocar una reunión que establezca el mecanismo de reconteo de votos. El presidente Lenín Moreno manifestó su preocupación por la indecisión del CNE y lo mismo hizo la Misión de Observación Electoral de la OEA, ante “la falta de definiciones por parte de la autoridad electoral”. El país queda sumido de nuevo en un ambiente de incertidumbre. Lasso, al dar marcha atrás frente a lo que había aceptado, abre la puerta a manifestaciones indígenas sobre Quito. Pérez ya había hablado de movilizaciones pacíficas cuando fue desplazado del segundo lugar y mencionó un posible fraude. Ahora, la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) anunció marchas en la capital. Su presidente, Carlos Sucuzhañay, dijo que se encuentran en “resistencia (…) para defender la democracia en el país (…). Si hay que pelear, tenemos que pelear; si hay que ir a la cárcel, iremos a la cárcel... pero de rodillas jamás”.
Fue justo en medio de este complejo panorama que el fiscal Barbosa fue a Quito para entregarle a su homóloga ecuatoriana, Diana Salazar, la información que contenía el computador de alias Uriel, el abatido líder del Eln. Según filtraciones periodísticas, allí estaría la prueba del aporte de US$80.000 a la campaña de Andrés Arauz. El inconveniente viaje recibió un fuerte rechazo tanto allá como acá. El propio Rafael Correa, su candidato Arauz y otras personas en el país vecino desmintieron la acusación. La noticia salió inicialmente en la revista Semana, que tuvo acceso a los correos electrónicos de Uriel. Expresidentes como Evo Morales y Ernesto Samper así como senadores y representantes en Colombia también criticaron al fiscal Barbosa por su involucramiento en la política ecuatoriana. No les falta razón.
Causa extrañeza que la información se hubiera filtrado en Semana para que saliera antes de la primera vuelta. Al parecer no habría tenido en ese momento el efecto esperado, pues Arauz pasó a segunda vuelta. De otro lado, si la fiscal Salazar se enteró de la noticia por los medios y solicitó conocer las pruebas, lo lógico es que ella hubiera venido a buscarlas, si tal era la urgencia. No hay, pues, mayor lógica en que sea Barbosa el que haga un viaje relámpago a Quito, justo en medio de este caldeado ambiente electoral, para producir además un impacto en los medios de comunicación al llevar la pruebas que señalarían nada más y nada menos que al candidato con mayor opción para ganar las elecciones. Adicionalmente salió un video, que se demostró falso, donde se hablaba de un hecho similar.
Si las pruebas existen, lo que no se pone en duda, y son concluyentes, deberían haber sido hechas públicas por el fiscal Barbosa en Colombia y remitidas a Ecuador, o que Salazar las hubiera venido a buscar aquí. Todo lo demás, incluido lo que para muchos fue un show mediático, deja mal parada a la Fiscalía colombiana y genera un nuevo e innecesario caso de involucramiento en los comicios de un país amigo de Colombia, como sucedió con la reciente elección presidencial en Estados Unidos.
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