Las incómodas viviendas de interés prioritario

Según la tesis del juez 26 administrativo de Bogotá, construir viviendas de interés prioritario en barrios de estrato alto en la capital supondría un detrimento patrimonial para el Distrito. Su posición, que suspende uno de los proyectos de integración más interesantes en la capital —aunque, no sobra decirlo, con fallas en su planeación—, les da un alivio a los dueños de vivienda en donde se pretendía la construcción, pero deja preguntas preocupantes sobre lo que se puede hacer —o no— para atacar la segregación causada por la desigualdad económica. Nos explicamos.

La Acción Popular, que terminó en el fallo de primera instancia del juez 26 administrativo, se radicó después de que el alcalde Gustavo Petro manifestara que pretendía aprovechar siete parqueaderos públicos (ubicados entre las calles 82 y 109 y las carreras 11 y 17), para construir 372 viviendas de interés prioritario (VIP) y 356 parqueaderos públicos. Se estimaba una inversión de $30.000 millones para levantar edificios de entre cuatro y siete pisos, parqueaderos subterráneos y zonas comerciales.

Los argumentos en contra, que no se hicieron esperar y en ocasiones cargaban un tufillo clasista, se convirtieron al lenguaje jurídico en la acción popular. Para los demandantes, construir las VIP (cuyo metro no puede costar más de $1 millón) en una zona donde el metro cuadrado cuesta $10 millones, sería un detrimento patrimonial. Además, sin importar que cataloguen los apartamentos como VIP, por el sitio donde los pretenden construir terminarían superando el valor máximo estipulado por el Congreso (70 salarios mínimos). El último argumento era uno de conveniencia: con el avalúo real de las viviendas que pretenden construir en la zona se podrían construir más en otro sitio de la ciudad.

Más allá de la discusión sobre la norma, desde este espacio queremos reiterar la importancia de no descartar este tipo de iniciativas para fomentar la integración de la población de Bogotá. La intención del Distrito era loable: dar vivienda a los más necesitados en las zonas con más movimiento comercial, con la esperanza de que el espacio compartido con los más privilegiados sirva para empezar a cerrar la brecha social que ha causado la desigualdad de una ciudad polarizada, además de abrirles oportunidades económicas a los beneficiados.

Sin embargo, la respuesta, explícita e implícita, fue de rechazo: el argumento de la conveniencia es típico de quienes defienden la inversión social, pero lejos de los centros de riqueza, creando así, en la práctica, segregación. Condenar las VIP a las zonas deprimidas, o baratas, es perpetuar la idea de que las personas más necesitadas deben estar en un lado de la ciudad y las clases altas en otro, como si hubiese distintos tipos de ciudadanos y más de una Bogotá.

Por supuesto que invertir en VIP en zonas caras implica un gasto mayor al usual, pero sólo tener en cuenta esa consideración es engañoso y no ve el propósito ulterior, que es más importante para el desarrollo de la ciudad.

Ojalá este no sea el fin del debate y se sigan proponiendo formas para acercarnos más entre los bogotanos. Es muy fácil ignorar la realidad social cuando sucede en otro lado.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com

Según la tesis del juez 26 administrativo de Bogotá, construir viviendas de interés prioritario en barrios de estrato alto en la capital supondría un detrimento patrimonial para el Distrito. Su posición, que suspende uno de los proyectos de integración más interesantes en la capital —aunque, no sobra decirlo, con fallas en su planeación—, les da un alivio a los dueños de vivienda en donde se pretendía la construcción, pero deja preguntas preocupantes sobre lo que se puede hacer —o no— para atacar la segregación causada por la desigualdad económica. Nos explicamos.

La Acción Popular, que terminó en el fallo de primera instancia del juez 26 administrativo, se radicó después de que el alcalde Gustavo Petro manifestara que pretendía aprovechar siete parqueaderos públicos (ubicados entre las calles 82 y 109 y las carreras 11 y 17), para construir 372 viviendas de interés prioritario (VIP) y 356 parqueaderos públicos. Se estimaba una inversión de $30.000 millones para levantar edificios de entre cuatro y siete pisos, parqueaderos subterráneos y zonas comerciales.

Los argumentos en contra, que no se hicieron esperar y en ocasiones cargaban un tufillo clasista, se convirtieron al lenguaje jurídico en la acción popular. Para los demandantes, construir las VIP (cuyo metro no puede costar más de $1 millón) en una zona donde el metro cuadrado cuesta $10 millones, sería un detrimento patrimonial. Además, sin importar que cataloguen los apartamentos como VIP, por el sitio donde los pretenden construir terminarían superando el valor máximo estipulado por el Congreso (70 salarios mínimos). El último argumento era uno de conveniencia: con el avalúo real de las viviendas que pretenden construir en la zona se podrían construir más en otro sitio de la ciudad.

Más allá de la discusión sobre la norma, desde este espacio queremos reiterar la importancia de no descartar este tipo de iniciativas para fomentar la integración de la población de Bogotá. La intención del Distrito era loable: dar vivienda a los más necesitados en las zonas con más movimiento comercial, con la esperanza de que el espacio compartido con los más privilegiados sirva para empezar a cerrar la brecha social que ha causado la desigualdad de una ciudad polarizada, además de abrirles oportunidades económicas a los beneficiados.

Sin embargo, la respuesta, explícita e implícita, fue de rechazo: el argumento de la conveniencia es típico de quienes defienden la inversión social, pero lejos de los centros de riqueza, creando así, en la práctica, segregación. Condenar las VIP a las zonas deprimidas, o baratas, es perpetuar la idea de que las personas más necesitadas deben estar en un lado de la ciudad y las clases altas en otro, como si hubiese distintos tipos de ciudadanos y más de una Bogotá.

Por supuesto que invertir en VIP en zonas caras implica un gasto mayor al usual, pero sólo tener en cuenta esa consideración es engañoso y no ve el propósito ulterior, que es más importante para el desarrollo de la ciudad.

Ojalá este no sea el fin del debate y se sigan proponiendo formas para acercarnos más entre los bogotanos. Es muy fácil ignorar la realidad social cuando sucede en otro lado.

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