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Decíamos ayer que la única respuesta que el liderazgo político del país tiene para los problemas que lo superan es pedir más cárcel y volver más rígidos los delitos. También mencionábamos que esa estrategia no solo no sirve para reducir la ocurrencia de los hechos atroces, sino que además distrae al país de las difíciles y complejas discusiones que tienen que darse para enfrentar problemas estructurales. Hoy tenemos que repetirnos, pero a propósito de otro tema: el proyecto de ley antivandalismo y antidisturbios que se está impulsando desde la Casa de Nariño.
La solución es más cárcel. Ese es el resumen de la propuesta del presidente Iván Duque para enfrentar el problema de los bloqueos, los disturbios y los actos de vandalismo. Escuchar las razones es ver a un Gobierno muy molesto con lo que ha pasado en el país en los últimos meses, pero que está buscando un triunfo con más impacto mediático que real.
“¡Seamos claros!”, dijo el presidente. “Hemos visto unos actos vandálicos que han destruido infraestructura pública, que han incendiado palacios de justicia municipales, que han afectado locales comerciales y claramente necesitamos endurecer penas y necesitamos también que esos delitos no sean excarcelables”. Además argumentó que “tenemos que abordar esto desde una política criminal seria, responsable y que también les dé tranquilidad a los ciudadanos. Y por supuesto también ser muy claros frente a temas como los bloqueos”. Finalmente, concluyó que “la protesta pacífica hay que protegerla y hay que reconocer que el vandalismo, el terrorismo urbano de baja intensidad y la destrucción de infraestructura son los principales enemigos de la protesta pacífica”.
Es difícil estar en desacuerdo con lo dicho por el presidente. Sí, la protesta pacífica tiene que protegerse. Es verdad, el vandalismo, los disturbios, la quema de palacios de justicia y los otros actos de violencia son inaceptables y deben ser perseguidos. El problema es que la Casa de Nariño está buscando la fiebre en las sábanas.
Pedir más cárcel es la estrategia confiable del populismo. Tiene efectos pues ocupa titulares, es un mensaje sencillo y fácil de difundir, captura la imaginación de la gente y da la sensación de que el liderazgo político está haciendo algo. Sin embargo, seguir endureciendo el Código Penal rara vez sirve como disuasión para quienes van a cometer los delitos. Además, todas las conductas denunciadas por el presidente ya están contempladas en el Código y pueden ser perseguidas por las autoridades. ¿Eso ha servido para evitar el caos? Es evidente que no. El foco está en el lugar equivocado.
Lo que necesitamos hacer es fortalecer los mecanismos de seguridad, aumentar la capacidad de la justicia, disminuir la impunidad y, en el proceso, reconstruir la confianza de la ciudadanía en las fuerzas del orden. Las encuestas muestran que la abrumadora mayoría de colombianos no están de acuerdo con la violencia, pero al mismo tiempo no se sienten protegidos ni bien tratados por la Fuerza Pública. La cantidad de procesos mal presentados por la Fiscalía en medio del caos tampoco ayuda a generar un mejor ambiente. Una ley antivandalismo y antidisturbios corre el riesgo de hacer todo lo contrario de lo que pretende: aumentar las quejas por estigmatización de los manifestantes y reducir la efectividad de la administración de justicia. ¿Eso es lo que queremos?
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
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