¿Inmunidad o impunidad?

Ya antes, el jefe del partido de la U, Luis Carlos Restrepo, argumentando que los congresistas tenían una “sensación de desprotección” ante las órdenes de captura proferidas por orden de la Corte Suprema de Justicia, se había lanzado al ruedo con la misma idea. Y las airadas reacciones fueron las mismas.

La inmunidad parlamentaria existió en Colombia hasta la Constitución de 1991. Bajo su sombra, ningún congresista podía ser detenido sin la aceptación de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y de investigaciones en el Senado. A menos de que un juez sustentara la petición y el Congreso lo permitiera, tampoco era posible abrir una investigación judicial. El polémico instrumento, del que se dice benefició por un tiempo al propio Pablo Escobar hasta cuando la Cámara de Representantes, el 26 de octubre de 1983, decidió levantarle la inmunidad parlamentaria, se sustentaba en el deseo de que los parlamentarios no fuesen atacados judicialmente por razones políticas.

Las mismas que el ministro Valencia Cossio argumenta ahora para que se discuta una reforma constitucional —una más en el doble gobierno Uribe Vélez— que elimine el fuero que les fue otorgado a los congresistas cuando la inmunidad parlamentaria fue abolida y se decidió que la máxima autoridad judicial, en las actuales circunstancias la Corte Suprema de Justicia, se encargaría del juzgamiento de los congresistas.

Sin hacer referencia explícita al episodio de la investigación preliminar que les abrió la Corte Suprema a 86 congresistas acusados de votar el referendo para una segunda reelección sin que mediara el aval del Registrador, el ministro Valencia Cossio recordó que los votos y opiniones de los congresistas deben ser inviolables. Y lo deben ser, razón no le falta. Si llegase el momento en que por sus opiniones los congresistas son llevados a la cárcel, ciertamente estaríamos en un peligroso y nada grato Estado en el que la justicia estaría politizada.

Pero este no parece ser el caso, y mal hace el Ministro en insinuarlo. Su deseo de fortalecer la separación de los poderes legítimamente constituidos no es otra cosa que un golpe del Ejecutivo a la autonomía del Poder Judicial. Y todo en nombre del aparente interés en preservar la independencia del Legislativo. El episodio de la investigación preliminar que la Corte le abrió a los congresistas por adelantarse en la votación del referendo reeleccionista no es una simple opinión opositora con consecuencias en el plano legal. Al margen del referendo, al parecer se incurrió en un error de procedimiento.

La propuesta, además, llega en mal momento. Su sola consideración haría pensar que las investigaciones que adelanta la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de la parapolítica están viciadas por oscuros intereses. Las alianzas territoriales entre élites políticas y jefes paramilitares que condujeron a que miles de ciudadanos fuesen obligados a acudir a las urnas y contribuyeron a que el paramilitarismo se entronizara en la política, no pasarían de ser, bajo la óptica de esta desafortunada propuesta, un caprichoso invento de la justicia.

Por lo demás, para quienes estimamos que de la inmunidad parlamentaria fácilmente se transitaría a la impunidad, reconforta recordar que el instrumento de la discordia fue también eliminado en razón a que su existencia fue considerada un privilegio injustificado del que ningún otro ciudadano disfrutaba. Hoy esos beneficios, en pleno tránsito hacia una posible democracia semiparlamentaria —y en todo caso en los albores de la democracia participativa— son aún más extensos y exigen mayores responsabilidades.

 Si un parlamentario puede ejercer control político, hacer leyes estatutarias, modificar la Constitución, juzgar a los principales dignatarios y participar en la elección de los órganos de control, entre otras facultades, es apenas lógico que responda por sus actos de la manera más transparente posible. Blindar el Congreso de futuras investigaciones judiciales, y más aún en estos, sus peores momentos de legitimidad en la historia reciente, no es más que un sin sentido.