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Sigue insistiendo el Gobierno Nacional en la necesidad de reanudar las aspersiones con glifosato. Dado que un cambio radical y visionario en la política de drogas está fuera de la agenda, los funcionarios de Presidencia invierten su tiempo en cumplir con los requisitos impuestos por la Corte Constitucional para reanudar una actividad ineficaz, insuficiente y que destruye los lazos con las comunidades de las zonas más afectadas. Uno pensaría que después de décadas de fracasos el consenso político en Colombia mostraría señales de capacidad reflexiva. Pero no es el caso. Lo inútil se presenta como la solución mágica.
Casi que podría trazarse un paralelo entre la actitud del Gobierno con el glifosato y con la cadena perpetua. Ambas son medidas simples para enfrentar un problema complejo. Ambas son herramientas que no cumplen su propósito y, al emplearse, generan daños colaterales que echan para atrás los avances del país en políticas públicas. Ambas requieren grandes esfuerzos por parte de los funcionarios públicos que podrían estar concentrándose en aprender de los errores del pasado y plantearles nuevas soluciones a los colombianos. Ambas son medidas que rozan con el populismo, pues colman los titulares y convencen los corazones, pero disfrazan los problemas de fondo.
Este fin de semana se llevó a cabo una audiencia pública para que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) modifique el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato. En síntesis, lo que se busca es surtir un paso para volver a utilizar las aspersiones. Si la ANLA da un concepto positivo a la modificación, el Consejo Nacional de Estupefacientes, donde el Gobierno ejerce influencia ineludible, podrá permitir que se reanude la práctica.
Sobre la audiencia hubo varias críticas. La fecha elegida, que fuese virtual y que siguiese a reuniones convocadas en medio de las cuarentenas y la pandemia cuestionan su legitimidad. Sin embargo, lo más importante es que el mensaje del Gobierno y de la Policía Antinarcóticos es claro: su apuesta es el glifosato. En un video presentado por la Policía se habla de cómo se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar el menor efecto adverso posible.
Quizá lo más frustrante de todo este debate es cómo se ha concentrado en minucias. Las posiciones son inamovibles: el Gobierno insiste en que es seguro fumigar y que necesita hacerlo. No importa que se hayan presentado pruebas sobre cómo las aspersiones no reducen las hectáreas, violentan a las comunidades y son un gasto enorme que podría ubicarse en otros rubros.
Si en efecto vuelven las aspersiones, es fácil predecir qué va a ocurrir. El Gobierno celebrará alguna reducción en hectáreas, el narcotráfico seguirá fuera de control, las comunidades no tendrán confianza en el Estado, la sustitución voluntaria seguirá siendo una segunda opción mirada con desdén y la política de drogas de Colombia continuará en el fracaso. No aprendemos del pasado.
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