Intervención en política con descaro

Los alcaldes y gobernadores que favorecen a candidatos se saltan las normas y vulneran la legitimidad de las elecciones.

Foto: El Espectador - Mauricio Alvarado Lozada

Estamos en elecciones y los mandatarios locales no han tenido pudor para intervenir en política. Desde aceptaciones descaradas de tener a un candidato predilecto en la campaña hasta guiños más sutiles, es una constante a lo largo y ancho del país con aparatos burocráticos funcionando al servicio de inclinar la balanza a favor de ciertas personas. Mientras tanto, la Procuraduría, que está en un limbo por la incertidumbre sobre la vigencia jurídica de sus inhabilitaciones, reparte sanciones a diestra y siniestra, pero sobre ella también recaen sospechas de favorecimientos indebidos. Pierden la democracia y la confianza que los colombianos tienen en las instituciones del país.

La norma de no intervención en política es discutida siempre que hay elecciones. No se trata de una regla universal para las democracias. En Estados Unidos, por ejemplo, los gobernantes de turno pueden participar de manera directa en las campañas, por lo que en el debate siempre está claro quién representa el continuismo. Esto favorece, por ejemplo, rastrear las apariciones de los políticos, así como los posibles favorecimientos en contratos. Sin embargo, en nuestro país adoptamos la fórmula de prohibir el favoritismo y esto tiene una razón de ser: quien tiene el poder dentro del Estado, a nivel nacional y local, puede utilizar los recursos públicos para que las elecciones no sean justas. Por eso también a la Procuraduría la dotamos de herramientas para censurar a los mandatarios que incumplan con esa norma. El problema es que los resultados han sido ambivalentes.

Es raro que en una elección no se sepa quién es el candidato oficialista de turno. También abundan los relatos de contratistas obligados a favorecer a uno y a otro, a recolectar firmas, hasta a prestar sus casas para que los candidatos hagan proselitismo. Todo se hace en medio de la complicidad del silencio y la impunidad de un aparato institucional que sanciona de manera discrecional. Es una situación extraña en la que la norma se incumple, por lo que queda el sinsabor de que poco se logra con mantener la prohibición.

Dicho lo anterior, las normas deben cumplirse. Nos parece lamentable que los alcaldes, llamados a defender la institucionalidad, se olviden de sus compromisos cuando hay elecciones. Cada vez que hacen un guiño en público, lo que les están diciendo a los ciudadanos es que las reglas están para hacerles el quite, que la democracia no merece respeto y que lo único que importa es conservar el poder. Asimismo, se prestan para que prime la idea de que los recursos públicos le pertenecen a la fuerza política que esté en el cargo, cuando en realidad deben usarse para construir proyectos que beneficien a todos los ciudadanos. Si no hay garantías, no hay elecciones libres.

Ahora, es urgente que Colombia tenga un debate serio en el Congreso sobre el rol de la Procuraduría. Hoy tenemos a candidatos y funcionarios hablando de persecución política, mientras que la procuradora Margarita Cabello lleva encima denuncias de favorecimiento a sus cercanos políticos. Esto también afecta la institucionalidad e introduce un manto de duda sobre el actuar del Ministerio Público. Por donde se le mire, pierde Colombia.

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