Investigación justificada, detención innecesaria

No deja de ser angustiante, ad portas de un eventual posconflicto, ver que la justicia del país sigue siendo objeto de polarización y discursos irresponsables. En la mitad, pierden las víctimas y los investigados, pues la verdad sigue sin ser conocida, y la confianza de los colombianos en sus instituciones, más minada.

Hay motivos suficientes para que continúen las investigaciones en el caso de Santiago Uribe, pero la Fiscalía no ha dado suficientes explicaciones sobre una detención que parece innecesaria.

La captura por parte de la Fiscalía de Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, plantea preguntas válidas sobre la necesidad de esa medida, pero son irresponsables los discursos radicales que acusan al Gobierno de ser un “régimen de terror” y que entre líneas buscan sembrar la idea de que en Colombia existe una dictadura que persigue a la oposición.

La investigación en contra de Santiago Uribe no es nueva. Desde los años 90 hay señalamientos en su contra que lo acusan de haber patrocinado el surgimiento del grupo paramilitar los 12 Apóstoles, que operaba al norte de Antioquia y cometió múltiples crímenes. En 1997, Santiago Uribe fue interrogado por la Fiscalía y el proceso terminó en una inhibitoria por ausencia de evidencias suficientes para continuar el proceso.

Sin embargo, en 2010, Juan Carlos Meneses, mayor retirado de la Policía, declaró conocer de primera mano el funcionamiento del grupo paramilitar y dijo que respondía órdenes directas del hermano del expresidente. “El rol [de Uribe] fue liderar un grupo de ganaderos (...) con la intención de protegerse de las acciones de la guerrilla”, le dijo al Washington Post. Posteriormente, en 2014, Meneses se entregó a la justicia por el asesinato de un hombre en Yarumal durante la época de influencia de los 12 Apóstoles.

Por eso, desde 2013, cuando la Fiscalía convocó de nuevo a Uribe a indagatoria, se sabe que la investigación revivió. El ente acusador pidió a la Corte Suprema de Justicia todos los expedientes que mencionaran al hermano del expresidente y pidió interrogar a cinco exjefes paramilitares, dos de los cuales (Don Mario y Don Berna) dieron testimonios de oídas indicando una posible relación de Uribe con los paramilitares. Además, y pese a que la defensa intentó hacerlo ver como un loco —algo que Medicina Legal desmintió—, las declaraciones de un campesino, Eunicio Pineda Luján, enriquecen las acusaciones. Sin prejuzgar a Santiago Uribe, hay suficientes motivos para que se investigue de nuevo lo que sucedió con los 12 Apóstoles.

No tiene sentido que José Obdulio Gaviria, senador por el Centro Democrático (CD), salga a decir que Uribe es “un preso de la Fiscalía”, dado que el fiscal “dirige un cartel de falsos testigos”. Acusaciones irresponsables sobre las cuales, como son comunes en él y en el movimiento al que pertenece, no aporta ninguna prueba. También es temeraria la campaña de su copartidaria María Fernanda Cabal, representante a la Cámara, de tildar al Gobierno de ser un “régimen de terror”, cuando la justicia y la Constitución han brindado todos los mecanismos para asegurar el debido proceso. No deja de ser curioso que el uribismo, que ha tomado la bandera contra la impunidad en el proceso de paz, se convierta en adalid de la misma cuando aparecen investigaciones de los suyos. La ley es para todos, y el país y las víctimas de la violencia paramilitar merecen todas las investigaciones pertinentes.

Dicho lo anterior, no deja de ser incómoda la falta de explicación por parte de la Fiscalía sobre la necesidad de detener a Santiago Uribe. Si durante todos estos años él siempre ha cumplido con sus citas ante la justicia y si aún no hay acusación formal ni un juicio en proceso, ¿cuál es la sustentación de su captura? Este proceso en particular requiere total transparencia, y el fiscal está en mora de explicarle al país sus razones. Hacerlo, cuando menos, ayudaría a bajarles el tono a los discursos que se están manejando.

Si bien es buena la intención del presidente Juan Manuel Santos de pedir verificación internacional para el proceso en contra de Uribe, no queda claro cómo se haría en la práctica. El presidente debe explicar cuáles son las garantías puntuales adicionales que se piensa utilizar en este caso para que la propuesta no parezca, como hasta ahora lo parece, un parachoques de último momento ante la reacción uribista.

No deja de ser angustiante, ad portas de un eventual posconflicto, ver que la justicia del país sigue siendo objeto de polarización y discursos irresponsables. En la mitad, pierden las víctimas y los investigados, pues la verdad sigue sin ser conocida, y la confianza de los colombianos en sus instituciones, más minada.

 

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