La invitación a la OCDE

Este anuncio, por supuesto, no va a resolver todos nuestros problemas. Además, todavía falta conocer la hoja de ruta que debe seguir el país para que el ingreso formal sea una realidad. Y es cierto que tanto aspaviento gubernamental ante lo que por lo pronto no es más que el inicio de un proceso pudo sonar molesto. Con todo, la noticia es importante, pues la OCDE es quizás el mejor mecanismo de acreditación de políticas públicas a nivel mundial.

Dada la importancia de la intervención del Estado en múltiples esferas de la sociedad y de la economía, dada la complejidad de las decisiones públicas y dado que el entorno en el cual intervienen los gobiernos está cambiando permanentemente por los continuos cambios tecnológicos, políticos, ambientales y sociales, un reto central del quehacer público es la optimización, o por lo menos la mejora sistemática, en el diseño, la ejecución y la evaluación de esas políticas.

El entorno cambiante también hace que, más que la estabilidad jurídica, lo mejor que un gobierno le pueda ofrecer a sus hogares y a sus empresarios, a los inversionistas extranjeros y a la comunidad internacional en general es que sus políticas sean contrastadas al más alto nivel y que busquen cumplir con los más altos estándares internacionales. Una forma creíble y práctica de lograr todo esto es hacer parte de la OCDE, que, más que garantizar la perfección, lo que hace es generar condiciones propicias para el mejoramiento sistemático de las instituciones y de las políticas públicas.

Como en último término todos los países aprenden de sus intervenciones en la práctica, contar con un escenario en el cual se pueden presentar esas políticas públicas y discutirlas con los técnicos y ejecutores más idóneos de los países más desarrollados del mundo, apoyados con frecuencia en estudios realizados con la participación de expertos internacionales, es una oportunidad nada despreciable.

De hecho, incluso sin que Colombia haya ingresado, beneficios de este proceso ya se han comenzado a materializar. Por ejemplo, según el Gobierno, ya hemos adherido a la Convención contra la Corrupción en Transacciones Comerciales Internacionales, a la Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales, a la Convención de Asuntos Fiscales, a las directrices de la OCDE sobre minería responsable, a la Declaración de Crecimiento Verde y a los principios de políticas de internet.

Además, Colombia hace parte de los comités de inversión, anticohecho, competencia y políticas del consumidor y se está trabajando en la adhesión a temas como el gobierno corporativo de las compañías del sector público; la transparencia e intercambio de información con propósitos fiscales; apertura de mercados; competencia, estadísticas y agricultura.

Claro, en este país marcado por la generación de leyes y normas impecables sólo para encontrarles esguinces y fisuras que las terminan convirtiendo en cantos a la bandera siempre queda la duda de la aplicación de estas provisiones. Si el ingreso de Colombia a la OCDE contribuye a que no sólo hagamos reformas sino que generemos en el sector público colombiano una cultura de mejoramiento continuo con altos estándares internacionales, estos esfuerzos habrán valido la pena.