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Las elecciones en Irán le dieron el triunfo a Ebrahim Raisí, representante de la línea más radical del régimen islamista. El camino electoral fue diseñado para excluir a los candidatos reformistas y, de esta manera, asegurar el regreso al poder de la línea dura con un candidato de absoluta confianza del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. De esta manera, Raisí asumirá el gobierno con el control del Congreso, el Judicial (de cuya cartera es actualmente ministro) y las Fuerzas Armadas, concentrando todo el poder. Tendrá que lidiar con aspectos muy complejos, como la recuperación económica, la creciente insatisfacción social y, muy en especial, la difícil relación con Estados Unidos sobre el tema nuclear y las sanciones.
El resultado demostró que los iraníes no solo están descontentos con la situación del país, sino que no desean ser parte de un juego político manipulado por los radicales islamistas. Para participar de los comicios los candidatos fueron aprobados al arbitrio de los 12 juristas y teólogos del Consejo de Guardianes, un órgano no electo que responde a Jamenei. Hubo un llamado a boicotear las elecciones que se tradujo en un buen número de votos nulos o en blanco, además del abstencionismo del 50 %, lo que ha sido interpretado como parte de un plan de resistencia civil. Así las cosas, estos han sido los comicios con la menor participación en unas elecciones presidenciales desde la revolución de 1979.
Ebrahim Raisí es hijo de la Revolución Islámica. Desde muy joven se vinculó al nuevo proceso y pronto asumió responsabilidades que le permitieron ascender dentro de la estructura política del régimen y ganar la confianza por llevar a cabo graves hechos de represión y violación de los derechos humanos. Tanto así que la administración Trump lo sancionó en 2019. De otro lado, Amnistía Internacional (AI) pidió que sea investigado por crímenes contra la humanidad, por el “asesinato, la desaparición forzada y la tortura a disidentes políticos”, así como por su participación en la llamada comisión de la muerte, a finales de la década de los 80. “Como jefe del Poder Judicial, presidió la detención arbitraria de cientos de disidentes pacíficos, defensores de los derechos humanos y miembros de grupos minoritarios perseguidos”, informó AI.
Irán, uno de los actores esenciales en el Medio Oriente, había logrado una nueva relación con Occidente tras la firma del importante acuerdo para comenzar el desmonte de su capacidad nuclear, lo que dio paso a un Plan de Acción Integral Conjunto, en 2015, que le había permitido al gobierno abrirse de nuevo al mundo, ajustar sus finanzas con la exportación de petróleo e importación de bienes indispensables, así como dejar de ser una amenaza inminente, percepción que nunca fue compartida por Israel. Las dificultades económicas regresaron con la llegada de Trump a la Presidencia de Estados Unidos, pues en 2018 desconoció el acuerdo con Irán para su progresiva desnuclearización e impuso nuevas sanciones contra Teherán, elevando la tensión en el área. Este es el panorama que encuentra el nuevo mandatario.
Con respecto a Estados Unidos, se han iniciado diálogos informales en Viena con representantes de la administración Biden. A pesar de la gran desconfianza de la línea radical iraní con respecto a Occidente, tanto Jamenei como Raisí saben que es necesario regresar a un acuerdo sobre el desmonte nuclear como requisito indispensable para levantar las sanciones y recuperar la economía. La divergencia de opiniones radica en la petición de Teherán de que las sanciones se levanten de manera inmediata y la de Washington de que se hará de manera gradual, en la medida en que se vayan dando los pasos previstos.
Sería deseable que dentro del complejo ajedrez internacional, con nuevos gobiernos en Washington, Jerusalén y Teherán, se pueda llegar a un acuerdo definitivo que baje la tensión en una zona que ya tiene demasiados motivos de preocupación.
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