La irresponsabilidad de desconocer el plebiscito

El Consejo de Estado, con sus declaraciones y medidas cautelares, en la práctica le está restando validez a una elección que fue polarizante y cuya tensión aún sentimos.

Más allá de que sea cierto que hubo una campaña de engaño en la campaña del No en el plebiscito, como lo confesó Juan Carlos Vélez (izq.), la pregunta de fondo es mucho más delicada: ¿vamos a invalidar una elección porque asumimos que quienes participaron en ella lo hacían presos de las mentiras?Archivo - El Espectador

Después de la sentencia de la Corte Constitucional, que realizó una maroma jurídica para reinterpretar el significado obvio y político de la frase “refrendación popular”, que supeditaba la entrada en vigor del Acto Legislativo para la Paz a una manifestación del pueblo, ahora el Consejo de Estado admitió una demanda contra los resultados del plebiscito del 2 de octubre por un supuesto engaño generalizado que viciaría esa elección. Más preocupantes que la propia decisión han sido las declaraciones de ese alto tribunal, y el apoyo de la coalición por la paz, para juzgar los motivos que llevaron a que millones de colombianos depositaran su voto en esa convocatoria pública. ¿Queremos que las cortes evalúen en adelante la pureza de la voluntad popular? ¡Insólito!

Según se supo el lunes último, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió una demanda de dos ciudadanos contra la resolución que declaró al No como ganador del plebiscito. El argumento principal de los demandantes es que las declaraciones a La República de Juan Carlos Vélez Uribe, quien fue gerente de una de las principales campañas opositoras al Acuerdo, prueban que el pueblo fue engañado en los argumentos para la votación. Más allá de que eso sea cierto, y ya en estas páginas denunciamos tanto las mentiras del No como las ligerezas y amenazas del Sí, la pregunta de fondo es mucho más delicada: ¿acaso vamos a invalidar una elección porque, con un alto grado de condescendencia, asumimos que quienes participaron en ella lo hacían presos de las mentiras? ¿Cómo probar eso? ¿Quién, además, puede hacer ese tipo de juicios sin caer en sesgos políticos peligrosos? Llevando el argumento al ridículo, habría que poner entonces un examen antes de cada votación para ver qué tan informado está cada votante. ¿No está en la raíz de la democracia el derecho precisamente a votar con cualquier justificación que la conciencia individual desee?

Lo preocupante es que el Consejo de Estado, con sus declaraciones y medidas cautelares, en la práctica le está restando validez a una elección que fue polarizante y cuya tensión aún sentimos en toda Colombia. En la admisión de la demanda, el Consejo “estableció que el hecho de que ganara el No en el plebiscito (...) fue el producto de la violencia por engaño a que fueron sometidos los colombianos por parte de quienes impulsaron dicha campaña”. La ponente, Lucy Jeannette Bermúdez, dijo que “se mintió y engañó a la ciudadanía al publicitar temas que no existían en el Acuerdo”. Por eso ordenó que el Congreso y el presidente sigan con la implementación del Acuerdo y le pidió a la Corte Constitucional que resuelva todas las dudas que hay sobre el Acto Legislativo para la Paz, advirtiendo que el resultado del plebiscito ya no debe entorpecer ese proceso.

Compartimos la preocupación por el fenómeno creciente de interferencia con mentiras y manipulaciones en los procesos electorales y estamos de acuerdo en la necesidad de actuar para erradicarlo. Sin embargo, la sola idea de invalidar una elección popular nos produce terror. Así como también nos sorprenden las celebraciones que acompañaron al comunicado del Consejo de Estado por parte de los simpatizantes del acuerdo con las Farc. ¿La paz justifica este tipo de intervenciones en la voluntad popular? ¿Si no se tratase de este tema, ni de este Gobierno, habría tanta complacencia con que una corte de unos cuantos le diga al país que su voto estuvo viciado? No todo puede valer en la persecución de un fin que sí, es noble y urgente, pero que no elimina las reglas más esenciales del Estado, como que la voluntad popular es libre y, sobre todo, que se respeta.

 

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