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La Corte Internacional de Justicia (CIJ) expidió una serie de medidas cautelares que deben ser atendidas por el Gobierno de Israel tras los eventuales crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza desde hace cerca de tres meses. A pesar de que la Corte no ordenó un cese al fuego inmediato, tal y como lo solicitaba Sudáfrica, sí exigió a Jerusalén adoptar medidas “inmediatas y efectivas” para evitar un genocidio sobre el pueblo palestino. También exigió la liberación de todos los rehenes israelíes que Hamás mantiene secuestrados. El Gobierno israelí deberá informar en un mes sobre el cumplimiento de las medidas.
El máximo tribunal de la ONU respondió así a una demanda interpuesta por Sudáfrica a finales del año pasado, frente a la posible comisión del delito de genocidio por parte de Israel. La CIJ no aceptó la petición israelí de desestimar el caso y, por el contrario, considera a la población de Gaza como extremadamente vulnerable debido a los ataques sufridos. La decisión fue celebrada por la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y por el Gobierno de Sudáfrica como un primer paso para frenar el horror desatado por Benjamin Netanyahu como respuesta a las acciones terroristas realizadas por el grupo Hamás el 7 de octubre de 2023, en las cuales murieron unas 1.200 personas y fueron secuestradas 250 más, de las cuales cerca de 45 permanecen en cautiverio y son usadas como moneda de cambio. El primer ministro israelí, por su parte, ha manifestado que la demanda por la eventual comisión de genocidio contra la población palestina “es falsa e indignante”.
La CIJ determinó que los palestinos tienen el derecho a ser protegidos de actos de genocidio e Israel debe adoptar “todas las medidas dentro de su alcance” para evitar esos actos. Le corresponde, además, asegurar la disposición de servicios básicos urgentes y la ayuda humanitaria para hacer frente a las “adversas condiciones de vida” a las que se enfrentan los civiles palestinos. Deberá preservar pruebas de crímenes cometidos, para que no se destruyan. Dado que las medidas son vinculantes, le corresponde a Israel ponerlas en práctica.
Este es un tema muy complejo de tratar por sus connotaciones jurídicas, pues involucra el cumplimiento de la Convención para la Prevención y Sanción contra el Delito de Genocidio, adoptada en 1948, para evitar un nuevo genocidio como el que vivió el pueblo judío durante el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. De allí la paradoja de que ahora sea invocado por Sudáfrica contra Israel. Según los expertos, este crimen es difícil de probar, en especial la intención de llevarlo a cabo, y, por lo mismo, de sancionar. Lo que sucede en Gaza, a la vista de quien se aproxime al tema sin el debido conocimiento jurídico, es un acto genocida. Pero ahí radica la dificultad: no lo es necesariamente desde el punto de vista jurídico. Según el texto, se entiende por genocidio los actos perpetrados con la intención de “destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”. Eso es lo que se debe probar en este caso, que puede demorar uno o dos años, y les corresponde a las partes presentar los argumentos correspondientes. El tribunal se cuida de que no haya un uso político del tema.
Ante un eventual incumplimiento de una decisión de la CIJ, se debe llevar el caso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, donde suelen naufragar dichas pretensiones debido al veto. Si la propia comunidad internacional no asume una posición vehemente para exigir el respeto por los fallos, el actual desangre en la Franja de Gaza quedará impune. Netanyahu ha prometido, de momento, continuar con la campaña militar y a comienzos de enero dijo: “Nadie nos detendrá, ni La Haya, ni el eje del mal, ni nadie más”.
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