La Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo tribunal de la ONU, ordenó el viernes pasado al gobierno de Israel un cese inmediato de toda acción militar en la ciudad de Rafah, Franja de Gaza, ante el “riesgo inminente” en que se encuentran los civiles palestinos cuya situación calificó de “excepcionalmente grave. Además, exigió que se permita el ingreso de ayuda humanitaria desde el lado egipcio y que se garantice el acceso a los investigadores de la CIJ a Gaza para adelantar las pesquisas sobre la posible comisión del delito de genocidio. Ya es la tercera vez que la CIJ se pronuncia desde diciembre anterior, sin que el gobierno de Jerusalén cumpla con lo exigido. Esta es una muestra más del menosprecio de Benjamín Netanyahu por las instancias internacionales.
Una vez se conoció lo decidido por la Corte, el secretario general de la ONU, António Guterres, recordó que “las decisiones de esta son vinculantes y confía en que las partes cumplan debidamente la orden”, y se hizo eco de la CIJ al instar a Israel a cesar “cualquier otra acción en la gobernación de Rafah que pueda suponer a los palestinos condiciones de vida que desemboquen en su destrucción física total o parcial”. Desafortunadamente, y como en las ocasiones anteriores, el primer ministro de Israel hará caso omiso acudiendo a subterfugios para continuar con el bombardeo indiscriminado de civiles inocentes. Las autoridades sanitarias allí hablan ya de cerca de 36.000 muertos, desde que se inició la ofensiva por parte de Israel, tras los repudiables ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre.
Aunque Benjamin Netanyahu tiene el férreo apoyo de Estados Unidos y de la mayoría de los países europeos, continúa enfrentando situaciones adversas a nivel internacional. Fuera de la decisión de la CIJ, Karim Kahn, fiscal de la otra gran instancia judicial, la Corte Penal Internacional (CPI), solicitó a los jueces de la misma que expidieran orden de arresto contra Netanyahu, su ministro de Defensa, así como al líder de Hamás y sus dos lugartenientes de más alto nivel. Es importante tener en cuenta que la CIJ depende de Naciones Unidas y, por lo mismo, actúa contra Estados, mientras que la CPI lo hace contra personas, y cobija a los países que suscribieron el Estatuto de Roma, que le dio nacimiento. Por último, tres importantes países de Europa: España, Irlanda y Noruega, reconocieron al Estado de Palestina, sumando 140 en total.
Es lamentable que las autoridades israelíes hayan calificado los señalamientos por parte de Sudáfrica, ante la CIJ, sobre la posibilidad de que se haya tipificado el delito de genocidio, como “falsas, indignantes y repugnantes”. En un comunicado señalaron que las acciones militares en Rafah no han “conducido ni conducirán a la destrucción de la población civil palestina”. El mismo argumento se viene repitiendo desde octubre, y el número de civiles asesinados, una gran parte de ellos mujeres y niños, así como de heridos, desplazados y desaparecidos, va en aumento. Lo mismo se puede decir de Hamás y el brutal asesinato de más de 1.200 personas y el secuestro de otras 250, algunas de las cuales fueron puestas en libertad luego de negociaciones entre las partes.
Las normas internacionales, que regulan la convivencia pacífica entre los Estados, deben ser de obligatorio cumplimiento para aquellas naciones que se han comprometido a respetarlas. Israel es un país con un régimen democrático de gobierno que, a pesar de sus imperfecciones, debería ser un referente en cuanto al respeto de la institucionalidad que existe a nivel mundial. La posibilidad de llegar a una solución que acabe con el desangre que se vive entre Israel y Palestina pasa por la urgente necesidad de los dos Estados, con fronteras estables y de seguridad garantizada. Las posiciones extremas, que desconocen el derecho de la otra parte a existir, como sucede en la actualidad, solo garantizan a futuro mayor muerte y destrucción.
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