La condena por golpismo al expresidente brasileño Jair Bolsonaro demuestra que la justicia en Brasil opera contra personas que utilizan su poder político para destruir la democracia. Junto a él fueron condenados otras siete personas sindicadas, cinco altos militares y dos civiles, tras los hechos ocurridos en Brasilia donde una asonada, en la que participó una turba de seguidores de Bolsonaro, intentó tomar el Palacio Presidencial y la sede de la Corte Suprema. A pesar de las presiones existentes, nacionales e internacionales, la decisión de cuatro de los cinco jueces demuestra que nadie puede estar por encima de la ley, menos aún un exmandatario.
El hoy condenado expresidente brasileño, populista de ultraderecha, sufrió en la campaña un atentado y, en vez de deponer el discurso de odio, aumentó su prédica contraria a los derechos de las minorías, el desprecio por el medio ambiente, y políticas excluyentes en materia de género. Tras la salida de la cárcel del expresidente Luis Inacio Lula da Silva, por fallas en el debido proceso, Bolsonaro sintió que el líder de izquierda podía triunfar en las elecciones y derrotarlo en su intención de ser reelecto. Desde ese momento, según las autoridades judiciales, comenzó a urdir un plan para evitar que Lula ganara los comicios y, en caso de que lo lograra, impedir su posesión o deponerlo mediante una gran movilización popular, en un país altamente polarizado. El intento de golpe de Estado fracasó una semana después de posesionado el actual presidente del país vecino.
Jair Bolsonaro, ex capitán del ejército de 70 años, alabó a los militares golpistas que mantuvieron al país bajo una férrea dictadura de 21 años. La condena a 27 años, 24 en prisión y tres en detención, fue adoptada por el Tribunal Supremo al considerar que el ex jefe de Estado cometió cinco delitos, dentro de los cuales están el de intento de golpe de Estado, intento de abolición democrática del Estado de derecho, liderar una organización criminal, daños a bienes públicos y al patrimonio protegido. Por los mismos hechos fueron también condenados tres generales, un almirante, un teniente coronel y dos civiles. Los miembros de su partido, el Liberal, con mayoría en el Congreso, van a proponer una ley que le otorgue la amnistía a su líder, a quien consideran inocente de los cargos por hallarse en Estados Unidos el 8 de enero de 2023, cuando ocurrieron los desmanes.
La jueza Carmen Lúcia Antunes Rocha, única mujer integrante del tribunal, expresó que “un grupo compuesto por figuras clave del Gobierno y liderado por Jair Bolsonaro llevó a cabo un plan progresivo de ataque a las instituciones democráticas con objetivo de perjudicar la alternancia de poder y minar a los demás poderes, en especial el poder judicial”. Por su parte, Alexandre de Moraes, juez instructor, expresó que las pruebas que había recabado demostraron que personas de la máxima confianza del expresidente se confabularon con él para estructurar “un proyecto autoritario de poder”. Desde los Estados Unidos el expresidente Donald Trump, generando un grave precedente, impuso como sanción a Brasil aranceles del 50 % al considerar que Lula da Silva había manipulado a la justicia para que condenaran a Bolsonaro, a quien definió como “un hombre extraordinario, muy directo” y el fallo del Supremo como “una cosa terrible”. No es extraño proviniendo de quien también impulsó una asonada contra el Congreso para evitar la proclamación de su adversario, y ganador de las elecciones, Joe Biden.
El encomiable esfuerzo de la justicia en Brasil debe ser un ejemplo no solo para la región, sino para el mundo. Bajo ningún concepto se puede permitir que un alto funcionario pueda actuar impunemente en contra del orden constitucional. Quien lo haga, deberá someterse a la justicia y aceptar sus fallos, siempre y cuando sean en derecho y atendiendo a las garantías procesales, como en este caso.
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