Desde la distancia de Bogotá, se suele ver de manera folclórica a figuras como Jhon Jairo Torres, asesinado esta semana en su finca de Casanare. El hombre apodado "John Calzones" por su tienda de ropa interior es recordado porque ganó las elecciones a la alcaldía de Yopal –capital del departamento– en 2015 estando recluido en la cárcel La Modelo y porque paseaba en un jeep con una ametralladora inservible, pero ruidosa. Sin embargo, su muerte a manos de sicarios –entre ellos un menor de edad aprehendido– es síntoma de un fenómeno mucho más denso: la consolidación de una gobernanza criminal en Casanare ante la inoperancia casi absoluta del Estado.
En un Yopal sin agua potable –pese a ser la capital del departamento icono de la bonanza petrolera–, "John Calzones" supo construir un gran apoyo popular donde las instituciones no llegaban. Su proyecto "Ciudadela La Bendición" ofreció a más de 10.000 familias la oportunidad de tener un lote pagadero en cuotas módicas, con acceso a alumbrado, gas y, sobre todo, a una planta de tratamiento de agua. Poco importaba para sus beneficiarios que los terrenos pertenecieran a un predio incautado por la SAE a socios del narcotráfico como Germán Sánchez, alias Coletas, o que comprara tierras a la familia Pérez Barreto; tampoco pesaba que la Fiscalía lo procesara por captación ilegal y urbanización informal. En la práctica, Torres reemplazó al Estado: construyó la ciudad ilegalmente, promovió una narrativa mesiánica-religiosa a través de su franquicia "La Bendición" –así bautizó sus propiedades y su propia colectividad política– y le prometió a la gente que, una vez en la alcaldía, legalizaría a la fuerza el suelo. Y aunque la ley lo destituyó y lo condenó, la dinámica ya estaba sembrada: ante la inacción del ordenamiento urbano, el municipio terminó obligado a comprar y legalizar lo que un privado al margen de la ley edificó.
Esta confluencia entre delincuencia, gestión pública y poder político en Casanare no es nueva. Óscar Wilches, Óscar Raúl Iván Florez, Nelson Ricardo Mariño Velandia, Willman Celemín, Efrén Hernández son algunos de los políticos de ese departamento que han pasado por la cárcel por crímenes que van desde la corrupción hasta la parapolítica.
La historia de Torres expone la verdadera tragedia del Casanare: el contubernio entre informalidad, mafias de la construcción y crimen organizado. Su entramado de urbanizaciones piratas gestionadas mediante empresas de papel —extendido incluso al Vaupés— deja hoy a miles de familias en el limbo financiero y jurídico sobre quién responderá por sus dineros y sus casas.
A esto se suma la herida más profunda del episodio: el sicariato infantil. Como ocurrió en el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay en Bogotá, las estructuras delictivas siguen aprovechando otro vacío estatal: los vacíos del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y la falta de oportunidades sociales para convertir a los menores en asesinos. Más de tres décadas después de que Alonso Salazar retratara en No nacimos pa’ semilla a una juventud convencida de que "uno aprende a matar sin que eso le moleste el sueño", la premisa sigue intacta en vastas regiones de Colombia.
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