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¿En qué momento el Gobierno de la unión, de la conciliación, de la construcción de puntos de encuentro, de abandonar el espejo retrovisor y modernizar a Colombia se ha transformado en un equipo concentrado en atacar la independencia de los jueces, amenazar a los opositores y, además, activar “jugaditas” para burlar a la justicia y retar a la ciudadanía? No tiene presentación lo que hizo el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, para cumplir, sin hacerlo, la orden de pedir perdón que le señaló la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al fallar una tutela por los excesos de las fuerzas del orden durante las protestas de finales del año pasado. Cuando el país está adolorido, resentido y necesitado de voces que le muestren que el Estado escucha, que las autoridades pueden bajar la guardia y abrirse a la reflexión y la reparación, Carlos Holmes Trujillo, en representación del presidente Iván Duque, optó por jugar al “vivo” con un juego retórico.
¿Dónde quedó la idea de representar a todos los colombianos que expresó el presidente Duque en su discurso de posesión, hace dos años? Porque ahora, cada manifestación de miembros del Gobierno parece hecha a la medida de los prejuicios y deseos revanchistas del Centro Democrático y algunos sectores de la ultraderecha colombiana. Así no se pueden entablar diálogos. ¿Van a gastarse los últimos dos años de gobierno, en medio de la pandemia, generando más incertidumbre y confrontación, irrespetando los principios básicos sobre los que hemos construido el Estado de derecho?
No hay otra forma de decirlo. Cuando un gobierno no acata una sentencia, por injusta que le parezca, está dando un golpe sobre la Rama Judicial, otro de los poderes públicos.
Dirá el Ministerio de Defensa que estamos exagerando, que ellos solo han presentado críticas razonables (que las hay, sin duda) a la decisión de la CSJ y que el ministro Trujillo cumplió con lo necesario para no entrar en desacato. ¡Seamos serios! Decir que ya se habían ofrecido disculpas “por cualquier violación o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución” es malinterpretar de manera maliciosa la decisión de la Corte. ¿Entonces nunca más el Estado tendrá que ofrecer excusas si se excede, dado que ya lo hizo una vez? ¿Y qué tienen que ver las disculpas ofrecidas por el asesinato de Javier Ordóñez, que fueron las citadas por el ministro, con los hechos del 21 de noviembre del año pasado que originaron la sentencia de la Corte?
Insistimos: es innecesaria tanta arrogancia. El alto tribunal no está pidiendo medidas irracionales ni esto se trata de una pelea de poder a ver quién gana un pulso. Se trata, en cambio, de definiciones esenciales sobre lo que representan y defienden el Estado y sus instituciones. Lo único que hizo esta sentencia fue reconocer que ha habido suficientes abusos como para justificar que se tomen algunas precauciones, que se reinicien los términos del diálogo con la ciudadanía y se proteja el derecho a la protesta, que es fundamental para cualquier democracia.
La ciudadanía necesita y está a la espera de señales directas y claras de que el Estado y la fuerza pública son capaces de protegerlos sin vulnerarles sus derechos, incluso si el Eln u otras fuerzas criminales intentan sembrar caos. Ver una contradicción ahí y plantear que la sentencia impide combatir el vandalismo muestra una pobre concepción del Estado. Es lo uno y lo otro. No es difícil entenderlo, salvo que no se quiera.
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