Al periodista Rafael Emiro Moreno lo asesinaron el domingo en Montelíbano, Córdoba, porque su trabajo se había vuelto incómodo para el cúmulo de fuerzas corruptas que operan en esa región. Su labor investigativa y como director del medio Voces de Córdoba lo había llevado a denunciar irregularidades en el uso de recursos públicos, así como poner el dedo sobre la realidad de que el departamento tiene presencia de distintas bandas criminales, narcotraficantes y paramilitares. Con su voz silenciada se envía un mensaje terrorífico para todos los que le apuestan a la democracia en el país: Colombia sigue siendo un país donde buscar la verdad y la transparencia es una actividad de alto riesgo.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) tiene que dar explicaciones urgentes. Por amenazas desde 2019, Moreno tenía un escolta, un botón de pánico y un chaleco antibalas. Sin embargo, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) explicó que “el 12 de julio de 2022 informó de dos nuevas amenazas que recibió el periodista al Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem) de la UNP. A pesar de estos nuevos hechos y de que el periodista expresó la necesidad de un refuerzo de su esquema, la UNP decidió mantener las medidas que ya tenía”. ¿Por qué no se expandió la protección si había clara necesidad? ¿Por qué la escolta que sí tenía no sirvió para evitar el asesinato? ¿Cómo pueden los periodistas de Colombia sentirse seguros si el mismo Estado es incapaz de protegerlos? Esta es la crónica de una tragedia anunciada, y la UNP debería sentir vergüenza de que Moreno haya sido asesinado.
La situación en Córdoba es temible. La misma FLIP dice que “durante 2022, seis comunicadores de Montelíbano han reportado amenazas y otros dos han sido hostigados en otros municipios del departamento. Este asesinato profundiza el riesgo y la sensación de miedo para ejercer el periodismo”. No solo sufren los periodistas. Como le explicó a Noticias Caracol Camilo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), “son tres los líderes asesinados en el departamento en lo corrido de este año. Es grave, son sicarios amenazando a las comunidades, y allí actúan las Agc o el Clan del Golfo”. ¿Qué dice el Ministerio de Defensa? ¿Cómo figuran los esfuerzos por la “paz total” en medio de estos graves hechos de violencia?
Los dos sicarios que asesinaron a Moreno también lanzaron un ataque contra la democracia colombiana, contra sus instituciones, contra todos los ciudadanos que creen en la transparencia y el buen uso de los recursos públicos. El asesinato de un periodista es una agresión contra la sociedad entera, pues pretende que el silencio sea la norma, que quienes viven de la ilegalidad puedan andar a sus anchas sin cuestionamiento alguno. Es, también, un acto de terrorismo: ¿qué pueden estar sintiendo las personas en Córdoba que quieren denunciar actos de corrupción o irregularidades? Necesitamos justicia para Moreno, que el Estado cumpla con su trabajo de protección e investigación, y que pronto conozcamos la identidad de los responsables, tanto materiales como intelectuales.
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