Justicia transicional para todos

A grandes rasgos, el expresidente Gaviria pide que la justicia transicional no solamente sea aplicada a los combatientes (como la guerrilla de las Farc o la Fuerza Pública), sino también a quienes tengan algún tipo de relación con la guerra. Los no combatientes, mejor dicho. Acá se incluye un grupo variopinto de personas: empresarios, políticos, jueces, civiles. Todos aquellos que, por ahora, serían juzgados por medio de la justicia ordinaria, pese a haber sido parte de la misma guerra. Interesante propuesta.

Tiene razón el expresidente en algo fundamental: una paz estable y duradera sólo puede lograrse por medio de un acuerdo equitativo frente al anhelo de justicia que tienen todos. A pesar de que en el pasado hemos dicho que los miembros del Estado tienen una responsabilidad distinta a los alzados en armas frente a la aplicación de la ley, resulta bastante utópico defender esa teoría hasta sus últimas consecuencias: el país no estaría tranquilo sabiendo que militares están en la cárcel por décadas enteras mientras guerrilleros son atendidos por medio de un castigo distinto. E igual lo estarían, por supuesto, los no combatientes. Es una cuestión práctica (de eficacia del acuerdo), pero también ética (de igualdad para las partes).

Lo cierto es que esta propuesta, que en principio apoyamos, debe ser implementada con toda la sutileza del caso, sin perder nunca de vista a las víctimas. En primera medida, no puede volverse un acuerdo de victimarios que deciden limpiar entre sí sus pecados, dejando a un lado los importantísimos elementos de la justicia transicional. Esta no puede ser, ni mucho menos, una ley de punto final facilista, ni una concesión para todos los involucrados: al contrario, la justicia transicional (que es una forma de justicia, cosa que a algunos se les olvida) permite atender crímenes masivos dentro de un escenario que satisfaga al máximo los derechos de las víctimas.

Hay beneficios penales, claro está, así como castigos alternativos, pero ningún elemento de esta política puede hacerse de forma compartimentada, desarticulado de asuntos fundamentales: la verdad para las víctimas, su reparación y la garantía de no repetición. ¿Cómo hacerlo en casos tan distintos? ¿Cómo diferenciar el grado de reparación entre un combatiente y un civil involucrado en la guerra? Decirlo es más bien fácil: en la realidad, al final, tendrán que implementarse los matices necesarios.

Hay cosas cuestionables en el concepto del expresidente Gaviria, sin embargo. ¿Cuál sería la garantía de no repetición por parte de miembros de la Fuerza Pública? Recordaba el profesor Rodrigo Uprimny que para la guerrilla es más o menos fácil: la propia desmovilización. Pero en cuanto a miembros del Estado, y, sobre todo, mientras se tramita una ampliación del fuero militar a como dé lugar, es difícil pensar en una alternativa para dicha garantía. ¿Cuál sería? ¿Seremos coherentes en este tema?

En materia de justicia es muy peligroso caer en tratamientos desiguales. Es, incluso, contradictorio a nivel filosófico. La propuesta debe ser evaluada con calma, con un plan estatal serio, para que no caigamos en la trampa de los arreglos para satisfacer a los victimarios. Remember La Catedral.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com. 

A grandes rasgos, el expresidente Gaviria pide que la justicia transicional no solamente sea aplicada a los combatientes (como la guerrilla de las Farc o la Fuerza Pública), sino también a quienes tengan algún tipo de relación con la guerra. Los no combatientes, mejor dicho. Acá se incluye un grupo variopinto de personas: empresarios, políticos, jueces, civiles. Todos aquellos que, por ahora, serían juzgados por medio de la justicia ordinaria, pese a haber sido parte de la misma guerra. Interesante propuesta.

Tiene razón el expresidente en algo fundamental: una paz estable y duradera sólo puede lograrse por medio de un acuerdo equitativo frente al anhelo de justicia que tienen todos. A pesar de que en el pasado hemos dicho que los miembros del Estado tienen una responsabilidad distinta a los alzados en armas frente a la aplicación de la ley, resulta bastante utópico defender esa teoría hasta sus últimas consecuencias: el país no estaría tranquilo sabiendo que militares están en la cárcel por décadas enteras mientras guerrilleros son atendidos por medio de un castigo distinto. E igual lo estarían, por supuesto, los no combatientes. Es una cuestión práctica (de eficacia del acuerdo), pero también ética (de igualdad para las partes).

Lo cierto es que esta propuesta, que en principio apoyamos, debe ser implementada con toda la sutileza del caso, sin perder nunca de vista a las víctimas. En primera medida, no puede volverse un acuerdo de victimarios que deciden limpiar entre sí sus pecados, dejando a un lado los importantísimos elementos de la justicia transicional. Esta no puede ser, ni mucho menos, una ley de punto final facilista, ni una concesión para todos los involucrados: al contrario, la justicia transicional (que es una forma de justicia, cosa que a algunos se les olvida) permite atender crímenes masivos dentro de un escenario que satisfaga al máximo los derechos de las víctimas.

Hay beneficios penales, claro está, así como castigos alternativos, pero ningún elemento de esta política puede hacerse de forma compartimentada, desarticulado de asuntos fundamentales: la verdad para las víctimas, su reparación y la garantía de no repetición. ¿Cómo hacerlo en casos tan distintos? ¿Cómo diferenciar el grado de reparación entre un combatiente y un civil involucrado en la guerra? Decirlo es más bien fácil: en la realidad, al final, tendrán que implementarse los matices necesarios.

Hay cosas cuestionables en el concepto del expresidente Gaviria, sin embargo. ¿Cuál sería la garantía de no repetición por parte de miembros de la Fuerza Pública? Recordaba el profesor Rodrigo Uprimny que para la guerrilla es más o menos fácil: la propia desmovilización. Pero en cuanto a miembros del Estado, y, sobre todo, mientras se tramita una ampliación del fuero militar a como dé lugar, es difícil pensar en una alternativa para dicha garantía. ¿Cuál sería? ¿Seremos coherentes en este tema?

En materia de justicia es muy peligroso caer en tratamientos desiguales. Es, incluso, contradictorio a nivel filosófico. La propuesta debe ser evaluada con calma, con un plan estatal serio, para que no caigamos en la trampa de los arreglos para satisfacer a los victimarios. Remember La Catedral.

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