Justicia y Paz para la Sierra Nevada

La participación de las distintas comunidades en la metodología estatal marca un punto importante en el desarrollo del mal llamado posconflicto, por tratarse de una de las poblaciones más golpeadas por la embestida paramilitar y en razón a los matices que adquirió la confrontación armada en la zona.

En la Sierra, cuna de la civilización Tayrona y hogar de las etnias Kogi, Arhuaco, Kankuamo y Wiwa, germinaron las semillas de la violencia mafiosa desde la década de 1970. A la violencia criminal, promovida por bandas de narcotraficantes que controlaban grandes cultivos de marihuana, se sumó en los años 90 la ejercida por grupos guerrilleros. Durante más de una década, pueblos indígenas y campesinos de la región fueron violentados por las Farc, el Eln y el Epl.

El panorama empeoró con la entrada en escena del paramilitarismo, liderado en la región por Hernán Giraldo, conocido con el alias El Patrón, y la posterior guerra entre la facción leal a Giraldo y los representantes de las Auc, bajo el mando de alias Jorge 40. La disputa interna por el control del narcotráfico dejó numerosos civiles muertos y heridos y concluyó parcialmente en 2001 con la subordinación de Giraldo a la estructura de las autodefensas.

Con el narcotráfico como telón de fondo y el accionar de todos los actores ilegales, conocer y entender el pasado traumático de la Sierra Nevada a través de las versiones de las comunidades indígenas que lo vivieron hoy es vital para comprender la dinámica del conflicto interno nacional y avanzar, a futuro, en la posibilidad de una reconciliación.

Con este primer acercamiento entre la Unidad de Justicia y Paz, la Fiscalía y las autoridades del cabildo, los pueblos de la Sierra depositan su confianza en las instituciones colombianas encargadas de gestionar procesos convincentes de verdad, justicia y reparación. Un logro significativo a pesar del comprometedor silencio estatal frente a las masivas violaciones de sus derechos individuales y colectivos.

El camino hacia la verdad es largo y requerirá de una intensa cooperación de las comunidades y de la confrontación de versiones de victimarios y víctimas. Pero sólo a través del esclarecimiento de los crímenes cometidos se sanarán las heridas que, en el pasado, sembraron dudas, incubaron rencores y dividieron a la comunidad. Por ejemplo, el reconocimiento que Hernán Giraldo hizo del asesinato de Pedro Pinto Sarabata, uno de los líderes indígenas desaparecidos, marca un primer paso para resolver preguntas sobre lo sucedido con los indígenas de la Sierra.

Además, como está previsto, la reparación tendrá en cuenta numerosas aristas. El Estado deberá velar por el restablecimiento del buen nombre de aquellos a quienes se acusó de pertenecer a uno u otro bando, pues el desconocimiento y la suplantación de las autoridades tradicionales, la violación de sitios y prácticas sagradas y el reclutamiento de jóvenes por cuenta de grupos armados, desataron consecuencias irreversibles que hoy se hace necesario esclarecer.

Es sólo el inicio de un duro proceso que puede tardar décadas. Pero que se les dé voz a los pueblos indígenas ya es buen comienzo. De la capacidad para recobrar la memoria, así el pasado reciente haya sido desesperanzador y traumático, puede el Estado y la sociedad derivar un enorme provecho.

La participación de las distintas comunidades en la metodología estatal marca un punto importante en el desarrollo del mal llamado posconflicto, por tratarse de una de las poblaciones más golpeadas por la embestida paramilitar y en razón a los matices que adquirió la confrontación armada en la zona.

En la Sierra, cuna de la civilización Tayrona y hogar de las etnias Kogi, Arhuaco, Kankuamo y Wiwa, germinaron las semillas de la violencia mafiosa desde la década de 1970. A la violencia criminal, promovida por bandas de narcotraficantes que controlaban grandes cultivos de marihuana, se sumó en los años 90 la ejercida por grupos guerrilleros. Durante más de una década, pueblos indígenas y campesinos de la región fueron violentados por las Farc, el Eln y el Epl.

El panorama empeoró con la entrada en escena del paramilitarismo, liderado en la región por Hernán Giraldo, conocido con el alias El Patrón, y la posterior guerra entre la facción leal a Giraldo y los representantes de las Auc, bajo el mando de alias Jorge 40. La disputa interna por el control del narcotráfico dejó numerosos civiles muertos y heridos y concluyó parcialmente en 2001 con la subordinación de Giraldo a la estructura de las autodefensas.

Con el narcotráfico como telón de fondo y el accionar de todos los actores ilegales, conocer y entender el pasado traumático de la Sierra Nevada a través de las versiones de las comunidades indígenas que lo vivieron hoy es vital para comprender la dinámica del conflicto interno nacional y avanzar, a futuro, en la posibilidad de una reconciliación.

Con este primer acercamiento entre la Unidad de Justicia y Paz, la Fiscalía y las autoridades del cabildo, los pueblos de la Sierra depositan su confianza en las instituciones colombianas encargadas de gestionar procesos convincentes de verdad, justicia y reparación. Un logro significativo a pesar del comprometedor silencio estatal frente a las masivas violaciones de sus derechos individuales y colectivos.

El camino hacia la verdad es largo y requerirá de una intensa cooperación de las comunidades y de la confrontación de versiones de victimarios y víctimas. Pero sólo a través del esclarecimiento de los crímenes cometidos se sanarán las heridas que, en el pasado, sembraron dudas, incubaron rencores y dividieron a la comunidad. Por ejemplo, el reconocimiento que Hernán Giraldo hizo del asesinato de Pedro Pinto Sarabata, uno de los líderes indígenas desaparecidos, marca un primer paso para resolver preguntas sobre lo sucedido con los indígenas de la Sierra.

Además, como está previsto, la reparación tendrá en cuenta numerosas aristas. El Estado deberá velar por el restablecimiento del buen nombre de aquellos a quienes se acusó de pertenecer a uno u otro bando, pues el desconocimiento y la suplantación de las autoridades tradicionales, la violación de sitios y prácticas sagradas y el reclutamiento de jóvenes por cuenta de grupos armados, desataron consecuencias irreversibles que hoy se hace necesario esclarecer.

Es sólo el inicio de un duro proceso que puede tardar décadas. Pero que se les dé voz a los pueblos indígenas ya es buen comienzo. De la capacidad para recobrar la memoria, así el pasado reciente haya sido desesperanzador y traumático, puede el Estado y la sociedad derivar un enorme provecho.