El Estado colombiano tiene la mala costumbre de olvidar los efectos psicológicos de la violencia que se ejerce en el país. A pesar de todos los discursos llenos de populismo punitivo sobre castigar el delito, con el supuesto objetivo de reparar a las víctimas, hay una desconexión entre lo que necesitan quienes padecen los flagelos y lo que el Estado les brinda. Una investigación reciente de El Espectador, realizada por Paula Casas Mogollón y Nicolás Achury González, muestra un aspecto particularmente cruel de ese olvido: Colombia no está haciendo nada para proteger a los huérfanos de los feminicidios. Los efectos en sus vidas son terribles.
En los últimos cinco años, según cifras del Observatorio Colombiano de Feminicidios, hemos tenido más de 3.000 asesinatos de mujeres. Sin embargo, la investigación de El Espectador encontró que “en el país no se sabe cuántos niños, niñas y adolescentes quedan cada año huérfanos por feminicidios. El Observatorio Colombiano de Feminicidios ha tratado de recopilar esta información, y señala que en los últimos cuatro años más de 700 han quedado en estado de orfandad. A la fecha no hay ninguna política pública que proporcione ayuda social, económica ni terapéutica para esta población”. Y se trata de una situación traumática, pues estos niños, niñas y adolescentes que quedan en orfandad vienen de una experiencia desgarradora. Como le dijo a El Espectador Yamile Roncancio, directora de la Fundación Feminicidios Colombia, “vemos que el padre va a la cárcel, se suicida o está prófugo, y representa un riesgo para ellos. También es posible que los huérfanos queden a cargo de las familias de los feminicidas, mientras que las familias de las mujeres asesinadas luchan por recuperarlos”.
Este problema se conecta con uno sistemático en el Estado colombiano: la falta de acceso a tratamientos de calidad en salud mental. Hace unas semanas discutíamos cómo en los colegios no hay capacidades instaladas adecuadas para llevar a buen puerto procesos de acompañamiento psicológico ni desarrollar habilidades en salud mental. Lo mismo se puede decir, quizá con peores indicadores, del sistema judicial y de apoyo estatal a víctimas. Se trata de una institucionalidad construida con la idea del punitivismo en su esencia, que no ofrece espacios adecuados para que los niños, niñas y adolescentes huérfanos por feminicidios puedan ser reparados y acompañados. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dice que presta valoraciones a todas las víctimas, pero los testimonios obtenidos por El Espectador son desoladores.
La lamentable realidad es que este es un aspecto olvidado. La Ley Rosa Elvira Cely, icónica en el esfuerzo estatal por luchar contra los feminicidios, no menciona el tema de los huérfanos. Cuando un país se concentra en la justicia como venganza, deja a su suerte las verdaderas necesidades de las víctimas. A la impunidad en los casos de violencia de género se suma la falta de apoyo a quienes lo necesitan en ámbitos distintos al penal. Es urgente un proyecto de ley que adopte referentes internacionales en reparación a las víctimas, que acompañe los proyectos de vida de los huérfanos por feminicidios y que cree un sistema de información confiable sobre el tema. Es una oportunidad de construir consenso por una causa urgente en el Congreso.
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