El alto tribunal estudió el caso de Mónica Godoy, profesora que fue injustamente despedida de la Universidad de Ibagué. Godoy estaba en un proceso de acompañamiento de varios casos de presunto acoso y abuso sexual que involucraban a estudiantes y empleadas de la universidad cuando fue retirada de su cargo. Después, en un comunicado oficial, las directivas dijeron que la profesora estaba afectando el buen nombre de la institución educativa y que por eso no debía continuar trabajando allí. La profesora también denuncia que lo que siguió fue una campaña de desprestigio y de silenciamiento de los casos que se estaban denunciando.
Para la Corte Constitucional, este es un claro caso de abuso de la autonomía universitaria para limitar de manera inconstitucional la libertad de expresión de Godoy. La decisión es muy importante por varios motivos.
Primero, porque por fin pone en cintura esa excusa de “proteger el buen nombre” de las universidades, usada con frecuencia para despedir a profesoras que se vuelven incómodas. Al decir que el despido de Godoy “tuvo como fundamento la censura de un discurso protegido”, la Corte demuestra que hay procesos de crítica que deben poder hacerse dentro de las universidades sin miedo a ser despedidos.
Segundo, porque es un triunfo de la libertad de expresión, usualmente afectada por el aplastante poder de la “autonomía universitaria”. Por demasiados años las directivas de algunas instituciones educativas del país han actuado de manera arbitraria sin ningún contrapeso. Ahora, es claro lo que debió haber sido obvio hace mucho tiempo: deben respetar la Constitución.
Tercero, porque reconoce la importancia de las universidades, públicas y privadas, como espacios de deliberación que deben fomentar los discursos críticos, no silenciarlos.
Cuarto, porque habla de la importancia de apoyar los procesos que busquen denunciar la violencia sexual dentro de las universidades. El Espectador ha conocido historias de profesoras en distintas partes del país que han sido perseguidas cuando acompañan a estudiantes y empleadas en presuntos casos de acoso y abuso. Al reconocer que este es un trabajo de protección de los derechos humanos, la Corte está fomentando que estos procesos se hagan sin temor. Necesitamos proteger a las personas que buscan el bienestar de las víctimas.
Quinto, porque le pide al Ministerio de Educación que tome en serio el problema de la violencia sexual. Como lo hemos dicho en este espacio, la Fiscalía, el Ministerio y las universidades han demostrado ineficiencia y negligencia en el manejo de un tema invisibilizado y muy complejo. Quien ocupe el Ministerio en el gobierno de Iván Duque debe darle prioridad a la expedición de lineamientos y ser un líder indiscutible en una discusión necesaria, aunque difícil.
El reintegro de Godoy a la Universidad de Ibagué envía un mensaje contundente al resto del país. ¿Estaremos a la altura de cambiar la manera en que venimos tratando estos temas?
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