Siguen los vientos autoritarios amparados por la pandemia del COVID-19. En tiempos de crisis, el temor y la urgente necesidad de proteger el “bienestar común” motivan a que las autoridades flexibilicen ciertos derechos, sin tener en cuenta que con eso están abriendo la puerta a los abusos del poder. En las últimas semanas, siguiendo el ejemplo de España, se ha discutido en el país sobre una posible sanción penal a quienes difundan noticias falsas a propósito del coronavirus. El problema radica en que ese tipo de vigilancia de los discursos no sirve para detener la difusión de la desinformación y, en cambio, sí se presta para que se limite indebidamente la libertad de expresión de los colombianos. No podemos caer en esa trampa.
El comandante de la Policía Nacional en la región Caribe, general Mariano Botero Coy, dijo que “el manejo irresponsable de las redes hace que la ciudadanía se llene de rabia después de consumir información falsa o no verificada, y pueden ocurrir agresiones o amenazas”. Por eso anunció que su institución buscará judicializar por el delito de terrorismo a quienes utilicen sus redes sociales para difundir “información falsa”.
El general no está solo. Sus declaraciones les hacían eco a otras dadas por el presidente de la República, Iván Duque. En una de sus alocuciones presidenciales a propósito de la pandemia, el mandatario dijo que frente a las noticias falsas “tenemos una clara configuración de un delito que tiene sanciones severas, porque tratar de desorientar a la población para desacatar instrucciones de la autoridad sanitaria en el marco de una epidemia, pues, claramente merece tener una sanción severa, como lo establece el Código Penal para este tipo de eventos”.
La preocupación es entendible. La desinformación no es un problema reciente. Las noticias falsas, gracias a herramientas digitales que están diseñadas para generar sentimientos fuertes en las personas sin importar la veracidad de lo que se les muestra, han ayudado a montar presidentes populistas al poder, han orquestado un genocidio en Birmania, han llevado a mucha gente a no vacunar a sus hijos generando un problema de salud pública para todos, han convertido cualquier debate público en una fosa de mentiras y círculos retóricos inútiles. En Colombia, por ejemplo, se han reportado casos de personas que no se hacen la prueba del COVID-19 porque leyeron una cadena de Whatsapp que afirmaba, falsamente, que las autoridades de salud podían hacerles daño. La “infomedia”, como ha sido nombrada, es una tragedia constante.
Sin embargo, la solución no es la censura. Por un lado, el fetichismo punitivo de las autoridades colombianas necesita afrontar la realidad: el sistema penal no es la respuesta a todos nuestros problemas. ¿De verdad creen que una Fiscalía saturada va a poder perseguir, acusar y procesar a todas las personas que compartan desinformación en redes sociales? En el país de la impunidad, es momento de que nuestras fuerzas policiales dejen de apelar al miedo como estrategia para enfrentar problemas tan complejos.
Más allá de eso, el verdadero problema es que las categorías de “noticias falsas” y “desinformación” son imprecisas. Implican que un juez entre a decidir si lo que alguien dijo o piensa es o no un discurso “válido” para el ordenamiento jurídico. Es decir, se abre la puerta para la censura, el silenciamiento y los abusos de poder. ¿Todo por una solución ineficiente? Debemos resistir los cantos de sirena del autoritarismo.
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