La coca, de nuevo

Colombia sigue siendo el rey en los reportes sobre la cantidad de cultivos de hoja de coca y, como es común, eso sirve de combustible para que salgan las mismas propuestas represivas y dañinas de siempre, ante un problema que, hoy más que nunca, exige creatividad por parte del Gobierno y de todos los estados del mundo. Volver a los planes de antes, como la fumigación aérea, no sólo no va a servir para derrotar por completo el narcotráfico, sino que va a perpetuar en Colombia la violación de derechos humanos.

Como se supo la semana pasada, según el monitoreo de cultivos de uso ilícito de la ONU, éstos pasaron de más de 40.000 hectáreas a casi a 100.000 en dos años, un aumento de más del 100 %. En el reporte anual sobre “la estrategia internacional del control de narcóticos”, el Departamento de Estado de EE. UU. prendió las alarmas sobre cómo el país está perdiendo la lucha contra el narcotráfico, algo que se ha venido acentuando y denunciando en el país en los últimos dos años.

Preocupa, sobre todo, ver la relación del conflicto con los cultivos ilícitos. Los tres departamentos con más áreas cultivadas, según el informe del Departamento de Estado, son, precisamente, donde más problemas de seguridad persisten. En Cauca, señaló el Gobierno estadounidense, el aumento fue del 116 %; en Norte de Santander, del 85 %, y en Putumayo, del 76 %. Norte de Santander, donde hay una influencia constante de distintos grupos ilícitos distintos a las Farc, tiene hoy por hoy el reconocimiento de ser el “líder en cultivos de coca” del país. Colombia, además, es el país del mundo con más hectáreas cultivadas. Angustiante.

Dicho lo anterior, resulta entendible que haya voces que critiquen al Gobierno por haber suspendido las aspersiones aéreas con glifosato. Ya conocemos el argumento: los años en que se utilizó este método fueron exitosos en la reducción de los cultivos. No obstante, ese éxito nunca fue suficiente para creer que la guerra contra las drogas estaba cerca de ser “ganada”, y sí estaba creando muchos problemas sociales por conflictos con las comunidades que sólo tenían contacto con el Estado a través de las medidas represivas, así como el riesgo latente de problemas para la salud de quienes están en las zonas de las fumigaciones. Como lo ha dicho el Gobierno en múltiples oportunidades, el país estaba perdiendo más de lo que ganaba utilizando esa herramienta.

Especialmente porque, como le explicó a El Espectador Francisco Thoumi, miembro de la Junta Internacional Fiscalizadora de Estupefacientes (JIFE), “Colombia ha basado su éxito en la lucha contra el narcotráfico en la erradicación de cultivos, criterio que es errado. Hay muchos estados, incluido Colombia, que quisieran acabar con los grupos narcotraficantes, pero éstos siempre terminan reinventando sus redes de narcotráfico. La solución al tema de las drogas no tiene que ser represivo”. Estamos de acuerdo, y sentimos que la administración de Juan Manuel Santos, pese a mostrar disposición desde el discurso para traer cambios concretos en esta materia, se ha quedado corta al momento de hacer reformas estructurales en el tema.

Este va a ser, junto con la corrupción, el tema central del posconflicto. El narcotráfico sigue mostrando sus tentáculos perversos y su capacidad de influencia en todos los aspectos de la sociedad; también amenaza la seguridad de los reintegrados y el esfuerzo por pasar la página de la violencia. Flaco favor le hacen al país, entonces, los que consideran que sólo con volver al régimen de hierro represivo, algo que no dio resultado en el pasado, va a ser suficiente. Que el contexto cada vez más complicado sea la oportunidad de reinventar la lucha contra las drogas, o corremos el riesgo de que siga definiendo el presente y el futuro del país.

 

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2017-03-06T23:30:55-05:00

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