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La pandemia saboteó la necesaria labor de la Comisión de la Verdad. La mitad de su tiempo de funcionamiento se ha perdido en medio de confinamientos, malas conexiones a internet y una crisis sanitaria que, incluso hoy, no ha dado tregua. Esto, para una institución cuya función es recorrer el país, en particular las zonas más vulnerables y con poca presencia estatal, ha sido un palo en la rueda para cumplir el mandato que le impusieron el Acuerdo de Paz y la Constitución. Por eso la Corte Constitucional debería acceder a las peticiones de organizaciones de víctimas y de la misma Comisión que pretenden un aplazamiento de su tiempo de funcionamiento, que está programado para terminarse en noviembre de este año.
La Corte Constitucional ya había estudiado la norma demandada y decidió que los tres años asignados a la Comisión de la Verdad son razonables para cumplir su labor. Por eso, en aquel fallo, se dispuso que la entidad se acabara en noviembre de 2021. El alto tribunal no expandió el tiempo porque el legislador fue claro en determinar que con tres años bastaba, tomando como referente otras comisiones en el mundo. Si bien a varios críticos, incluyéndonos, nos pareció que debería haberse dado más espacio para un trabajo tan difícil, ese no es el fondo de la nueva discusión. La clave para que la Corte vuelva a estudiar el mismo artículo es un hecho inesperado y que claramente lo alteró todo: la pandemia.
La pregunta de fondo nos parece sencilla: ¿pudo la Comisión de la Verdad cumplir toda su labor en medio de la pandemia? La respuesta también parece clara: no. Basta, nos parece, con escuchar los testimonios de las víctimas que han pedido la extensión del plazo de funcionamiento. Muchas de ellas expresaron su frustración por no poder llevar a cabo encuentros presenciales por culpa de los confinamientos. Las sesiones virtuales no son suficiente reemplazo, teniendo en cuenta que muchas víctimas interesadas en el proceso no tenían fácil acceso a internet.
Por eso la Corte debería expandir el plazo de la Comisión. Como dijo la Procuraduría, que respalda una prórroga de hasta siete meses, es necesario garantizar la protección de aquellas zonas “donde ha existido pobreza, desigualdad, ausencia de las autoridades, carencia de los servicios de salud y precarias condiciones sanitarias, las cuales, desafortunadamente, coinciden con las zonas más afectadas por el conflicto armado”. Estamos de acuerdo. El objetivo de la Comisión de la Verdad es llegar a esos espacios olvidados y recolectar todos los testimonios necesarios. Pierde mucho Colombia cuando no se le permite cumplir su labor.
Adicionalmente, la Corte debería fallar pronto. Con el cierre de la Comisión en noviembre, entre más se demore el alto tribunal en decretar la prórroga, más dificultades logísticas genera en la Comisión. Como también mencionó la Procuraduría: “Es imperioso un pronunciamiento sobre las normas acusadas para evitar la afectación de los derechos de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos, así como dada la trascendencia social del informe final que deberá rendir la entidad”.
La Comisión de la Verdad necesita un tiempo adicional para contarle al país qué ocurrió durante la guerra. La Corte Constitucional debería concedérselo.
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