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La Corte Constitucional tomó una decisión razonable y necesaria. Por supuesto que la Comisión de la Verdad necesitaba siete meses más de vida. La pandemia hizo imposible, durante más de la mitad de su tiempo de vigencia, hacer las labores fundamentales de levantamiento de la información para hacer un informe que le aporte al país, sirva como punto de reconciliación y deje satisfechas a las víctimas. Es una lástima que ni el Congreso de la República ni la Presidencia decidieron impulsar, por su cuenta, un proyecto para alterar la vigencia de la Comisión. Otro desaire a la paz. Pero, por fortuna, el alto tribunal escuchó a las organizaciones de víctimas que le pidieron una prórroga.
Inicialmente, la Comisión de la Verdad fue creada para tener una duración de tres años, los cuales se vencen en noviembre de este año; sin embargo, con la pandemia vinieron los confinamientos, las limitaciones a viajes y el aislamiento de los ciudadanos. Eso se sintió particularmente en las zonas más vulnerables, adonde la Comisión tenía programado asistir. No había alternativas virtuales, pues muchos de los materiales no estaban digitalizados y muchas de las víctimas no tenían acceso a un computador con internet. ¿Cómo se construye el relato complejo de un país desigual en medio de esas condiciones? Era francamente imposible.
La Comisión le explicó a la Corte algunas de sus limitaciones. Por ejemplo, no podían entrar a cárceles, de casi 120 viajes en febrero pasaron a cero entre abril y agosto, sus 28 Casas de la Verdad en todo el país estuvieron cerradas al público entre marzo y septiembre del año pasado, y los archivos reservados no podían ser consultados en línea. El COVID-19 tampoco fue indiferente con los funcionarios de la Comisión: la comisionada Ángela Salazar falleció por el virus y otros 218 trabajadores estuvieron contagiados. Pedir que de ese contexto saliera un informe como el que las víctimas desean era muy difícil.
Por eso, la Corte Constitucional escuchó a las organizaciones que pedían una prórroga. La ponencia explica la postura: “La interpretación según la cual el período de tres años de operación de la Comisión de la Verdad se ha cumplido, pese a las restricciones que impuso el aislamiento obligatorio, desconoce contenidos del Acuerdo de Paz que rodearon los compromisos adquiridos en relación con el derecho fundamental de las víctimas a la verdad. La reconstrucción de la verdad sin enfoque territorial, enfoque de género ni la participación protagónica de las víctimas no honra lo pactado en el Acuerdo”. Entonces, para cumplir los principios constitucionales, era necesario darle más tiempo de trabajo a la Comisión.
Otro beneficio colateral a la decisión es que el informe ya no se presentará en medio de una campaña electoral donde el Acuerdo de Paz es moneda de cambio para los populistas e incendiarios. El informe final de la Comisión tiene el potencial de convertirse en un documento esencial para la reconciliación del país, pero puede ser objeto de ataques injustificados que terminen empeorando la polarización. Ahora, cuando sabemos que lo conoceremos después de elecciones, tal vez tengamos más posibilidad de aprovechar el relato histórico que nos presenten. Esperamos que así sea.
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