Esta historia ya la conocemos. Con otros apellidos, claro, y cambiando de partido político, hasta involucrar a casi todas las organizaciones que tienen representación en el Congreso o en las entidades territoriales. Pero los protagonistas comparten características análogas: un congresista poderoso que, sin embargo, mantiene bajo perfil, amparado por un partido político tradicional y de larga historia, aprovecha su influencia en el Legislativo para construir un entramado de corrupción y cobrar coimas a cambio de la contratación pública en alcaldías y departamentos del país. Lo dicho, nada nuevo bajo el sol. Esto es lo que parece dejarnos lo que está ocurriendo con Mario Castaño, senador del Partido Liberal, que el 20 de julio empezaría su tercer período en el Congreso, pero quizá no pueda posesionarse por estar recluido en La Picota bajo órdenes de la Corte Suprema de Justicia.
En la edición de ayer de El Espectador contamos los detalles del expediente que enreda a Castaño. En síntesis, son 10 personas las que están siendo procesadas por pertenecer a una posible organización criminal para cobrar sobornos al asignar contratación pública. Según la Fiscalía, Castaño habría estado involucrado en manipular 50 contratos por un monto de $43.433 millones. Como cuenta el informe publicado en este diario, eso incluye “obras para atender una emergencia vial en Villamaría (Caldas) por $10.000 millones, la construcción de un parque en Nuquí (Chocó) por $1.250 millones, la realización de una obra civil en Manizales (Caldas) por $16.424 millones y una interventoría en un proyecto energético en Boyacá por $1.000 millones”. Además de Caldas y Chocó, la influencia del senador liberal también ha sido rastreada hasta contratos en Risaralda y Boyacá. Incluso, Castaño consiguió al menos 17 nombramientos en entidades estatales bajo el modelo “tú me das el contrato, yo te consigo el puesto”.
Claro, al senador aún lo protege la presunción de inocencia. Solo una de las personas involucradas ha aceptado cargos, aunque El Espectador conoció que dos de ellas estarían negociando un preacuerdo con la Fiscalía. Sin embargo, cientos de horas de interceptaciones telefónicas y otro cúmulo de testimonios fueron suficientes para que Castaño esté recluido en La Picota. Si la situación continúa y no logra posesionarse el próximo 20 de julio, podría perder su investidura. Eso sin contar, por supuesto, con una eventual condena en contra.
Son varias las reflexiones que produce este caso, pero, como hemos dicho, no son nuevas. Ya es habitual que los partidos políticos vean a sus miembros ser capturados en escándalos por corrupción y, sin embargo, no hay el menor atisbo de responsabilidad política. El Partido Liberal, en caso de una condena, se excusará en la buena fe para decir que fueron traicionados por el senador, cuando ellos, con su aval, le permitieron tener tanto poder. Otro debate que no se dará es por qué los congresistas pueden ejercer ese poder sin contrapesos. Al parecer, no hay herramientas de transparencia en la contratación estatal que valgan ante la influencia de senadores y representantes ingeniosos.
Nos lamentamos, sí, pero dejamos planteado el interrogante esencial: ¿cómo evitamos que esto se repita? ¿Alguien nos dará respuesta?
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
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Esta historia ya la conocemos. Con otros apellidos, claro, y cambiando de partido político, hasta involucrar a casi todas las organizaciones que tienen representación en el Congreso o en las entidades territoriales. Pero los protagonistas comparten características análogas: un congresista poderoso que, sin embargo, mantiene bajo perfil, amparado por un partido político tradicional y de larga historia, aprovecha su influencia en el Legislativo para construir un entramado de corrupción y cobrar coimas a cambio de la contratación pública en alcaldías y departamentos del país. Lo dicho, nada nuevo bajo el sol. Esto es lo que parece dejarnos lo que está ocurriendo con Mario Castaño, senador del Partido Liberal, que el 20 de julio empezaría su tercer período en el Congreso, pero quizá no pueda posesionarse por estar recluido en La Picota bajo órdenes de la Corte Suprema de Justicia.
En la edición de ayer de El Espectador contamos los detalles del expediente que enreda a Castaño. En síntesis, son 10 personas las que están siendo procesadas por pertenecer a una posible organización criminal para cobrar sobornos al asignar contratación pública. Según la Fiscalía, Castaño habría estado involucrado en manipular 50 contratos por un monto de $43.433 millones. Como cuenta el informe publicado en este diario, eso incluye “obras para atender una emergencia vial en Villamaría (Caldas) por $10.000 millones, la construcción de un parque en Nuquí (Chocó) por $1.250 millones, la realización de una obra civil en Manizales (Caldas) por $16.424 millones y una interventoría en un proyecto energético en Boyacá por $1.000 millones”. Además de Caldas y Chocó, la influencia del senador liberal también ha sido rastreada hasta contratos en Risaralda y Boyacá. Incluso, Castaño consiguió al menos 17 nombramientos en entidades estatales bajo el modelo “tú me das el contrato, yo te consigo el puesto”.
Claro, al senador aún lo protege la presunción de inocencia. Solo una de las personas involucradas ha aceptado cargos, aunque El Espectador conoció que dos de ellas estarían negociando un preacuerdo con la Fiscalía. Sin embargo, cientos de horas de interceptaciones telefónicas y otro cúmulo de testimonios fueron suficientes para que Castaño esté recluido en La Picota. Si la situación continúa y no logra posesionarse el próximo 20 de julio, podría perder su investidura. Eso sin contar, por supuesto, con una eventual condena en contra.
Son varias las reflexiones que produce este caso, pero, como hemos dicho, no son nuevas. Ya es habitual que los partidos políticos vean a sus miembros ser capturados en escándalos por corrupción y, sin embargo, no hay el menor atisbo de responsabilidad política. El Partido Liberal, en caso de una condena, se excusará en la buena fe para decir que fueron traicionados por el senador, cuando ellos, con su aval, le permitieron tener tanto poder. Otro debate que no se dará es por qué los congresistas pueden ejercer ese poder sin contrapesos. Al parecer, no hay herramientas de transparencia en la contratación estatal que valgan ante la influencia de senadores y representantes ingeniosos.
Nos lamentamos, sí, pero dejamos planteado el interrogante esencial: ¿cómo evitamos que esto se repita? ¿Alguien nos dará respuesta?
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