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El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, tomó en días pasados dos controvertidas y perjudiciales medidas. La primera, no extender el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que hace parte de Naciones Unidas. La segunda, prohibir el ingreso al país a Iván Velásquez, el exmagistrado colombiano que en cinco años, y como jefe de la Cicig, se ha convertido en el azote de los corruptos en el país centroamericano. Entre ellos, un hermano y un hijo del presidente Morales. La medida tendrá consecuencias internas e internacionales.
“La política es una pasión. Al que le guste la plata, que se dedique a los negocios”, ha dicho en reiteradas ocasiones el expresidente de Uruguay José “Pepe” Mujica, conocido por su probidad. Esta certera frase, que podría ser aplicada hoy en día a todos los países de la región, tiene una especial aplicación en el caso de Guatemala. Las cosas estaban tan mal que hace cerca de cinco años el Gobierno de entonces se vio obligado a aceptar que se creara una comisión especial de la ONU para hacer una cirugía de emergencia al cáncer de la corrupción. Para hacerse cargo de la misma se buscó el perfil de una persona íntegra, de probada idoneidad y con trayectoria. Por ese motivo se escogió a Iván Velásquez, quien había demostrado su capacidad en las investigaciones contra el paramilitarismo en Colombia, que le valieron aquí fuertes críticas de parte de diversas instancias del Gobierno de entonces.
Velásquez, con el apoyo de las entidades de control en Guatemala, como la Fiscalía, logró llevar a cabo varias investigaciones importantes. Entre ellas, una que terminó con la destitución del entonces presidente, Otto Pérez Molina, quien terminó en la cárcel junto con buena parte de su gabinete por delitos relacionados con la corrupción. Un país cansado de ver cómo se saqueaban las arcas del Estado decidió entonces darle su aval en las urnas a un candidato que estaba por fuera de la política tradicional: el popular humorista y hombre de la televisión Jimmy Morales. A pesar de que su propuesta estaba avalada por grupos religiosos, exmilitares de derecha y sectores empresariales, su compromiso público de luchar contra la impunidad y acabar con la corrupción logró calar en los electores. La expectativa por su gestión fue muy grande y el apoyo de la Cicig en ese cometido se dio por descontada.
Sin embargo, el año anterior comenzaron los desencuentros entre el mecanismo de la ONU y el presidente. Una cuidadosa y sustentada investigación adelantada por la Cicig y la Fiscalía llevó a la prisión domiciliara a un hijo y a un hermano del primer mandatario. Pero las cosas no terminaban ahí. Se señalaba directamente a Morales de hechos vinculados a la corrupción durante la campaña. En ese momento se solicitó el desafuero del jefe de Estado, pero en el Congreso, donde están las principales personas acusadas de corrupción, cerraron filas junto al presidente y, con el firme apoyo de los militares y los empresarios, impidieron el desafuero. En ese momento Morales alcanzó a declarar persona no grata a Velásquez. Sin embargo, el Tribunal Constitucional revirtió la medida, dando así un espaldarazo a la importante actividad del jefe de la Cicig.
El entonces ministro de Relaciones de Exteriores, Édgar Gutiérrez, en un acto de dignidad, prefirió renunciar a cohonestar la decisión arbitraria del presidente. Hoy, ante la decisión tomada por Morales, cree que la actual situación es parecida a un golpe de Estado. “Jimmy Morales cae en desacato de una orden del Constitucional, lo cual coloca al mandatario en el terreno de la ilegalidad y abre una crisis institucional mucho más profunda que la del último viernes”, cuando Morales anunció que no renovaría el mandato de la Cicig, dijo.
La clase política, los militares y los empresarios apoyan al Gobierno, mientras la mayoría de la población se pone de lado de Velásquez y su labor. La crisis recién comienza.
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