La Corte Constitucional no solo salvó la Ley de Paz Total, sino que le envió un mensaje claro al gobierno de Gustavo Petro: si se respetan los métodos democráticos, no hay motivos para obstaculizar las ambiciones de presidencia. Después de meses en los que el presidente de la República ha expresado frustración por el contrapeso ejercido por el alto tribunal, la decisión dada a conocer la semana pasada muestra que el objetivo no es ser un palo en la rueda del reformismo, sino un recordatorio de la importancia de la separación de poderes y el respeto a las normas del Estado de derecho. Si en la Casa de Nariño y en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz aprovechan este momento para estructurar mejor sus acercamientos a los distintos grupos criminales, la apuesta por la paz saldrá con legitimación sólida.
El alto tribunal fue claro. Al estudiar la Ley 2272 de 2022, encontró que por supuesto que el Gobierno puede hacer lo necesario para alcanzar la paz. En el comunicado de la Sentencia C-525 de 2023, la Corte dice que “la Constitución no impide al presidente entablar acercamientos y conversaciones con tales estructuras, especialmente si los procesos permiten enfrentar la grave violencia que causan. Al contrario, dichos procesos se enmarcan en las amplias facultades de preservación del orden público que la Constitución le otorgó al presidente de la República”. Tiene razón el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, al llamar a esta decisión un “espaldarazo”. Desde que el presidente Petro anunció los acercamientos por la “paz total”, una de las críticas recurrentes era la supuesta extralimitación al querer dialogar con todos los grupos criminales, sin importar si tienen orientación ideológica o no. En ese sentido, el alto tribunal le da fin al debate y recuerda que la apuesta por la paz es un objetivo nacional urgente.
Lo que sí pidió la Corte Constitucional es que haya estructura en la estrategia de negociación. Mientras el ex alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, se concentró en improvisar y recorrer las cárceles del país buscando acuerdos con los líderes criminales, el alto tribunal pide que se respete la separación de poderes, se apruebe en el Congreso una ley de sometimiento que está retrasada y haya mejores motivaciones ante los jueces al designar a los voceros de paz. En particular, a los magistrados les preocupó la redacción de las normas relacionadas con el levantamiento de órdenes de capturas. En el comunicado, dicen que “si se observa que es aplicable a un vasto universo de criminalidad ordinaria, y que, por tanto, la solicitud de la suspensión de las órdenes de captura (...) podría ser meramente discrecional del presidente de la República”, eso genera una extralimitación por parte del Ejecutivo.
Se escuchan los ecos de la decisión sobre la emergencia en La Guajira. Al hablar de “paz total”, la Corte le pide al Gobierno meticulosidad y respeto hacia las otras ramas del poder público. Sí, se puede buscar la salida negociada a la violencia, pero se debe pasar por el Congreso, por las cortes y por la Fiscalía. Sí, hay alta discrecionalidad en el Ejecutivo, pero no puede extralimitarse. El Gobierno debería recibir esta victoria en los tribunales como una invitación para ajustar su estrategia política.
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