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La Corte Constitucional debe tumbar la cadena perpetua en Colombia. Si la información sobre la ponencia de la magistrada Cristina Pardo es cierta y se propone echar para atrás el populismo punitivo impulsado desde Presidencia y el Congreso, los demás magistrados deberían apoyarla, ojalá en unanimidad. No es posible que por querer obtener popularidad y disfrazar la incapacidad del Estado para evitar los casos más horribles en nuestro país se institucionalice la venganza como fin último de la sanción penal. La medida es cruel, inútil, destruye los cimientos de la política criminal y se trata de un capricho más preocupado por satisfacer los peores instintos de los colombianos.
La rimbombancia con que los defensores de la cadena perpetua abogan por su utilización esconde el hecho de que no saben cómo detener los asesinatos y las violaciones de menores de edad en Colombia. Su retórica enfocada en proteger a niños y niñas y su insistencia en que no se puede proteger a los victimarios están diseñadas para ocultar que, en la práctica, aprobar una pena tan lesiva contra la dignidad es permitir que el Estado opere como un ente vengativo e invierta sus recursos escasos en encerrar de por vida a las personas.
No hay sustento práctico ni conceptual para lo que quiere hacer el Congreso con apoyo vehemente del Gobierno Nacional y de la misma Procuraduría. El proyecto fue tan mal planeado, que en la reglamentación al Ministerio de Justicia le tocó agregar unas consideraciones sobre la revisión de la pena a los 25 años. Lo que evidencian el afán y el ruido que rodearon el proyecto es que el único interés es mostrarse “fuertes contra el crimen”. Son golpes de pecho que pocas consecuencias tienen.
No, la cadena perpetua no disuade a los criminales. No, las tasas de homicidios y violaciones de menores de edad no se van a reducir. Las cifras de otros países lo demuestran. En cambio, lo que sí logra es saturar aún más un sistema judicial y penitenciario que está colapsado y no puede responder a tantas incoherencias en política criminal.
¿Quiere ayudar a las víctimas? Reduzca la impunidad fomentada por la falta de recursos en el sistema judicial; ayude a empoderar a las mujeres y niñas, las principales víctimas, que no denuncian porque sus victimarios son sus familiares y personas más cercanas; deje de gastar recursos en encarcelar personas por delitos como el microtráfico, y descongestione los despachos judiciales. El problema es que esas medidas no son fáciles, requieren voluntad política y debates serios. El Congreso y el presidente decidieron optar por el facilismo.
La cadena perpetua es violatoria de la Constitución porque es incompatible con la dignidad humana. También sabotea cualquier intento de resocialización y, por su severidad, fomentará la impunidad ante la ausencia de denuncias. Sus defensores piden que pensemos en los niños y niñas. Eso hacemos. Por eso rechazamos con vehemencia los pañitos de agua tibia, marcados por medidas crueles.
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