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Han sido días turbulentos para la Corte Penal Internacional (CPI). Solo ayer, viernes 24 de julio, los Estados parte votaron para sacar de su cargo al fiscal jefe del tribunal, Karim Khan, y Venezuela anunció su retiro del Estatuto de Roma. Esto ocurrió poco después de que Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, publicara un largo editorial en el que básicamente anuncia una cruzada para desmantelar a la Corte. En el aire queda la pregunta sobre las promesas por cumplir de la justicia internacional y la impotencia de organismos como la ONU para hacer valer su relevancia en el nuevo orden mundial.
Incluso antes de los escándalos recientes, la CPI ha tenido un serio problema para justificar su existencia. Como depende de los Estados miembros para hacer valer sus órdenes de captura, ha tomado decisiones que se quedan en nada durante años por la falta de voluntad política. Estados Unidos, China y Rusia no reconocen su jurisdicción y, en múltiples ocasiones, han sido hostiles a su trabajo. Por eso, la crítica común es que se trata de una organización que solo puede hacerse valer en los Estados menos poderosos.
Sin embargo, la CPI sí es la materialización de una noble promesa: comprender que hay crímenes que trascienden fronteras por su gravedad y ofenden a la comunidad de naciones. Su ojo vigilante y sus investigaciones rigurosas han servido para alimentar el debate público. Más recientemente, las órdenes de captura contra Vladimir Putin por la invasión en Ucrania, así como contra miembros del gobierno israelí y líderes de Hamás, han sido determinantes en cómo el mundo entiende lo que está ocurriendo. Por eso mismo es claramente sospechoso el interés de varios Estados por quitarle las pocas capacidades de acción que tiene.
Hay que decirlo: la permanencia de Khan era insostenible. La investigación interna de la CPI lo encontró responsable de actos de violencia sexual. Aunque el exfiscal se defiende diciendo que se trata de una persecución política, el testimonio de su denunciante es estremecedor. Alguien que encabece las investigaciones del tribunal de justicia más importante del mundo no puede tener dudas sobre su idoneidad.
Lo que sí es incomprensible es la hipocresía con la cual Rubio ataca a la Corte. En su columna, critica que agentes de ICE o líderes políticos de Estados Unidos puedan ser procesados “a merced de jueces extranjeros, a miles de millas de distancia... por el supuesto crimen de defender nuestro país”. Lo dice el mismo secretario de Estado que fomentó la invasión a Venezuela y apoya el juicio de Nicolás Maduro en tribunales estadounidenses. Por cierto, sobre nuestro país vecino, ayer también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio una actualización preocupante: “En cuanto a las elecciones en Venezuela, realmente no están listos todavía, pero se ha logrado mucho progreso. Delcy (Rodríguez) lo ha estado haciendo de forma fantástica”.
No es coincidencia, entonces, que Félix Plasencia, canciller de Rodríguez, haya denunciado el Estatuto de Roma. “Venezuela considera que la actuación de la Corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global”, escribió en su cuenta de X. No cuenta, por supuesto, que el tribunal está en un proceso de investigar a la plana mayor del chavismo por crímenes de lesa humanidad durante varios años.
¿Es posible seguir pensando en una justicia internacional eficiente que no dependa de los caprichos de los gobernantes de turno? ¿O seguiremos viendo el desmonte, “ladrillo por ladrillo”, por usar una expresión de Rubio, del multilateralismo que se formó después de la Segunda Guerra Mundial? Quisiéramos que esas preguntas no sean retóricas.
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