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Karim Khan decidió dar un grito de autoridad que se siente como una súplica para detener la barbarie. El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) se jugó su reputación, la de la Corte y la del orden internacional basado en normas. El momento histórico que estamos presenciando invita a pensar en un punto de quiebre: las instituciones creadas para evitar crímenes atroces, sustentadas en la idea de la comunidad de naciones que responde a leyes, están actuando. De cómo respondan los Estados, en particular las democracias liberales, depende el futuro del orden internacional como lo conocemos en las últimas décadas. Las primeras reacciones de Estados Unidos y otros aliados de Israel, sin embargo, invitan a un panorama desolador.
El fiscal Khan le pidió a la CPI que dicte orden de arresto contra las cabezas de Hamás y contra dos líderes israelíes: el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant. El listado de crímenes que se les imputan es estremecedor. A los terroristas de Hamás los acusa de exterminio, asesinato, toma de rehenes, violencia sexual, tortura y tratos crueles. Mientras tanto, los funcionarios de Israel serían responsables de hacer morir de hambre a civiles en Gaza, causar grandes sufrimientos o daños graves a la integridad física o la salud, dirigir ataques contra una población civil, exterminio y persecución. El siguiente paso es que la Corte decida si concede las órdenes de arresto y, mientras tanto, podrían incluirse más personas en la solicitud. Esto tardará meses en decidirse, pero que el fiscal haya decidido hacerlo público muestra la urgencia con la que ve el problema: es necesario parar la guerra cuanto antes.
No hay manera de subestimar lo ocurrido, aunque ya haya quienes lo están intentando. La CPI hizo un trabajo juicioso de recuperar testimonios, verificar hechos, analizar pruebas documentales y llegó a conclusiones preocupantes. El fiscal del órgano internacional encargado en investigar crímenes de guerra dice que se están cometiendo y que también hay delitos de lesa humanidad. Para esto se creó la Corte, para esto existe el orden internacional armado después de la Segunda Guerra Mundial, es tiempo de que todos los Estados lo respalden.
Por supuesto, eso último no parece que vaya a ocurrir. Los líderes en Israel recibieron la noticia como vienen haciendo con cualquier crítica a su actuar: acusarla de ser una conspiración con tintes de antisemitismo y cuestionar la legitimidad de la CPI. Lo que extraña es que el gobierno de Estados Unidos, en cabeza de Joe Biden, haya salido a tildar de “vergonzosa” la solicitud. Es curioso que sea un presidente demócrata, que en su país defiende que nadie está por encima de la ley, el que ahora busca entorpecer el trabajo de la justicia internacional. Se trata de la misma Casa Blanca que hace unos meses celebró que la Corte tomara acciones contra Vladimir Putin.
El problema de fondo es que el orden basado en normas a nivel internacional depende de la validación de los países. Si las democracias deciden atacar sus cimientos, todo el aparato se derrumba. Este es el momento clave de todas las instituciones que se construyeron en la posguerra: ¿podrán servir para su propósito? ¿O estaremos viendo el principio del fin del actuar valiente de la CPI y la Corte Internacional de Justicia? Si es así, la tragedia seguirá ocurriendo, los Estados democráticos perderán su estatura moral para hablar de defensa de las normas y quedará abierta la pregunta de qué le espera a un mundo sin respeto por los acuerdos básicos.
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