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El asesinato de Cristian Herrera en Cúcuta es una agresión contra Colombia entera. Periodista judicial con larga trayectoria, Herrera ya se había tenido que exiliar en Chile y contaba con esquema de la Unidad Nacional de Protección (UNP) desde el 2014. A pesar de ahora trabajar para la alcaldía de Cúcuta y aportar información para la Secretaría de Seguridad, la institucionalidad le falló. Sicarios lo mataron frente a su familia en un barrio residencial de la capital de Norte de Santander. No se puede hablar de una reducción en las cifras de inseguridad cuando este tipo de hechos ocurren en plena luz del día en una capital de departamento. Se trata de un fracaso de la Alcaldía de Jorge Acevedo, la Gobernación de William Villamizar y el Gobierno Nacional de Gustavo Petro.
Herrera era un periodista valiente. Hizo su carrera de investigador judicial precisamente en un territorio de frontera que está disputado por múltiples actores ilegales en complicidad con autoridades legales. Cúcuta lleva años en medio de una crisis ocasionada por la influencia del contrabando, el narcotráfico, el ELN, las disidencias de las FARC y la corrupción del régimen de Nicolás Maduro. A esto se suma la indiferencia estatal desde Bogotá, y una larga lista de alcaldes, gobernadores y concejales que terminan en líos con la justicia. En todo ese contexto, ejercer el periodismo, con poca financiación y menos protección, es un acto de fe. Cristian Herrera creía en el valor de la información, de poner la lupa donde los poderosos no quieren que haya pesquisas. Por eso era reconocido en su comunidad, respetado por sus colegas y recibió el Premio Colprensa en 2013, el Premio Nacional Semana en 2016 y el Premio Orlando Sierra al Coraje Periodístico en 2020.
El problema es que en Colombia hacer buen periodismo no protege de quienes buscan la complicidad del silencio. Como escribió en su pronunciamiento la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), “Herrera había recibido múltiples amenazas, que en algún momento lo obligaron a exiliarse en Chile. Contaba con un esquema de seguridad que resultó insuficiente, demostrando que Colombia no ha logrado romper un ciclo de violencia contra periodistas. Este entorno de impunidad deja el mensaje de que en cualquier momento las amenazas pueden ser consumadas, al punto de mantener un ambiente de intimidación permanente contra quienes informan en las regiones”.
El rechazo ha sido contundente. Acevedo, el alcalde de Cúcuta, dijo que Herrera era un “amigo” y que “esto no va a quedar impune”. La Procuraduría pidió investigaciones, lo mismo que hizo la UNP al aclarar que el periodista rechazó el acompañamiento de los escoltas. El Ministerio de Justicia también se unió al coro de rechazos y pidió que la Fiscalía sea diligente con las investigaciones. Queda, sin embargo, el sinsabor de que en Cúcuta los casos de sicariato se han vuelto noticia periódica sin que haya manera de evitarlos. La Defensoría del Pueblo acertó en su diagnóstico: “El asesinato de un periodista constituye una de las formas más graves de censura. Genera miedo, propicia la autocensura y afecta el derecho de las comunidades a recibir información. La democracia se debilita cuando informar pone en riesgo la vida”.
De poco sirven las declaraciones. La tragedia de Herrera no tiene vuelta atrás. Su familia tendrá que cargar el duelo de una pérdida inconmensurable y el trauma de haber presenciado la violencia contra su ser querido. Los periodistas de la región recibieron atentamente el mensaje enviado por el terror. Cuando se pierde una voz, el miedo se contagia. Exigimos justicia y protección a quienes le apuestan por la búsqueda de la verdad.
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