El pasado 14 de septiembre, el país conoció la decisión del nuevo gobierno de suspender este año, y por primera vez desde 1997, la entrega de los Premios y Reconocimientos del Portafolio del Programa Nacional de Estímulos que otorga el Ministerio de las Culturas. En total, 1.308 propuestas quedaron a la espera del anuncio de los ganadores, los cuales debían hacerse públicos el día siguiente, 15 de septiembre. Esta medida, sumada al recorte presupuestal del 29,6 % presentado por el gobierno, prendió las alarmas. "El arte y la cultura no viven de milagros", reclamaban personas de ese sector en un plantón frente al ministerio el pasado lunes. Mientras los gobiernos entrante y saliente se chutan la responsabilidad, la cultura se acostumbra a estar a merced del mandatario de turno, cuando debería estar blindada por ser un derecho de toda la comunidad.
El gobierno De la Espriella ha sido reiterativo en la mala situación fiscal que recibe del gobierno Petro. La ministra de las Culturas, Paola Holguín, atribuyó las dificultades financieras de su cartera a un exceso de burocracia; y anunció la reducción de 19 cargos. "Hay contratos vencidos sin liquidar, hay saldos sin conciliar, hay archivos de ejecución desactualizados y eso contribuye al rezago", advirtió. Además, Miller Soto, vocero del gobierno actual, habla de una deuda en MinCulturas de COP 185 mil millones con corte a agosto. En esto hay que hacer una precisión: el dinero que efectivamente entra al Ministerio de las Culturas es autorizado, dentro del marco de su presupuesto, a través del Ministerio de Hacienda por medio de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP). La deuda que exaltan desde el gobierno De la Espriella se trata, entonces, de presuntas obligaciones pendientes que merecen una contabilidad pública y transparente.
Por su parte, Yannai Kadamani, última ministra de Culturas de Petro, defendió su gestión, criticó que no hubiera habido empalme, y cuestionó: "¿Cómo es que el Ministerio ya no tiene presupuesto, si había dejado los CDP comprometidos al 99,3 %?". A su vez, Juan David Correa, quien también ocupó el cargo en la administración anterior, controvirtió: "La afirmación de que el Programa Nacional de Estímulos no tenía los recursos asegurados porque no estaban disponibles en el PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja), que es lo que acaba de exponer la ministra, mezcla dos cosas diferentes: el presupuesto y la caja. Y eso es un error conceptual o es una información que se está dando de mala fe".
Sin embargo, que haya presupuesto autorizado no necesariamente se traduce en ejecución ni pago a beneficiarios. En 2024, durante el gobierno Petro, contratistas del Ministerio de las Culturas denunciaron retrasos en el pago de sus honorarios debido, según explicó el entonces ministro Correa, a problemas de disponibilidad del PAC; además, hubo reportes de retrasos en desembolsos de algunos estímulos culturales. Ahora, lo único que hay son declaraciones cruzadas y una auditoría de datos públicos que el gobierno De la Espriella plasmó en el llamado "Libro de la verdad". Mientras, el arte y la cultura están en el limbo.
Nos adherimos a las palabras que escribió Laura Galindo en este diario: "La música, la literatura o el teatro no son bienes ni servicios a la venta, como los televisores o las batidoras. Son herramientas de construcción social indispensables para la supervivencia, como la educación o la salud. En ese orden de ideas, el Estado tiene que hacerse cargo". Así pues, la cultura debe estar por encima de las distintas coyunturas y los intereses de los gobiernos de turno. El artículo 70 de la Constitución reconoce la cultura como derecho, lo que la convierte en un sector prioritario para la inversión del Estado y una misión que no puede relegar, incluso ante una billetera apretada.
Se espera del gobierno, entonces, una hoja de ruta que no precarice la labor del artista a mediano plazo, y que motive a más personas a apostarles a sus talentos y trabajo. Esa debe ser la verdadera "batalla cultural".
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