La decisión de suspender las cuentas de Donald Trump en Twitter y en Facebook, por el peligro que representa su uso ilegal, generó un debate sobre la libertad de expresión y sus límites. Hay quienes se han expresado, desde la buena fe y con argumentos válidos, en defensa de las libertades fundamentales para expresar su legítima preocupación por este tipo de medidas. Están también aquellos que, desde una evidente doble moral, no han criticado lo sucedido la semana pasada en Estados Unidos, pero ahora se rasgan las vestiduras para abogar por este principio.
Que no haya duda: la libertad de expresión es requisito esencial de la democracia. Es un derecho fundamental que está reglamentado no solo en las legislaciones internas de la mayoría de los países del mundo, sino que hace parte de los principales tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. La ONU y la OEA tienen sus respectivos relatores sobre libertad de expresión. Solo en los regímenes dictatoriales o en los gobiernos autoritarios no existe esta garantía, porque atenta contra la verdad única de sus sátrapas.
Sin embargo, Karl Popper planteó la paradoja de la tolerancia: ¿se debe permitir la libertad de expresión a aquellos que la utilizarían para eliminarla? No. Defender la tolerancia no significa defender al intolerante, en especial si atenta contra las libertades fundamentales. Difícilmente se defendería el derecho de Adolf Hitler a utilizar libremente las redes sociales si viviera en esta época; es decir, que sí hay un límite sobre la base de los peligros que esta acarree y las normas legales que vulnere. Lo que no se puede hacer es dejar su aplicación al arbitrio de los dueños de las redes sociales, por el temor a un manejo acomodaticio de la balanza del bien y del mal.
En el reciente caso de Estados Unidos, la profesora Sandra Borda considera que “las restricciones que contempla la legislación estadounidense a la libertad de expresión son menos ambiguas de lo que algunos creen. La Corte Suprema ha dicho que la advocacy of the use of force (defensa del uso de la fuerza) no está protegida cuando está dirigida a incitar o producir una acción ilegal. También ha dicho que un «peligro claro y presente puede justificar una restricción a la libertad de expresión»”. En este entendido, la decisión de Twitter y Facebook con respecto a Donald Trump se basa en el peligro que su uso irresponsable representa para la democracia y se sustenta en normas previamente establecidas. No ha sido, por consiguiente, un mero hecho discrecional.
En estas circunstancias, causa estupor la actitud de quienes, allá y acá, convierten este tema en una defensa de sus propios intereses. El expresidente Álvaro Uribe Vélez y el embajador Francisco Santos no condenaron el intento de golpe de Estado propiciado por Trump, pero trinaron para defender su derecho a la libertad de expresión. Uribe, que durante su gobierno atacó a los periodistas y medios que lo contradecían y que ha continuado haciéndolo, incluso calumniando a quienes denuncian hechos censurables ocurridos durante su gestión y con posterioridad, ahora trina no para repudiar un atentado a la democracia, sino para defender a quien, desde la Casa Blanca, lo propició y lo ha defendido a él.
Este periódico tiene la suficiente estatura moral y autoridad para hablar con solvencia sobre la libertad de expresión. Desde su creación, en el siglo XIX, hemos sido objeto de cierres, incendio, imposición de la censura, ataques desde el poder, presiones desde el sector financiero e industrial o la sangrienta arremetida del narcotráfico, que le costó la vida a nuestro director, don Guillermo Cano, a periodistas, así como una bomba que casi destruye nuestras instalaciones. Sabemos muy bien lo que implica defender con la vida un principio elemental de la democracia, pero también sabemos que hay momentos y situaciones en las cuales se debe restringir su manejo irresponsable por ir en contra de la ley.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
Nota del director. Necesitamos de lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Por favor, considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.
La decisión de suspender las cuentas de Donald Trump en Twitter y en Facebook, por el peligro que representa su uso ilegal, generó un debate sobre la libertad de expresión y sus límites. Hay quienes se han expresado, desde la buena fe y con argumentos válidos, en defensa de las libertades fundamentales para expresar su legítima preocupación por este tipo de medidas. Están también aquellos que, desde una evidente doble moral, no han criticado lo sucedido la semana pasada en Estados Unidos, pero ahora se rasgan las vestiduras para abogar por este principio.
Que no haya duda: la libertad de expresión es requisito esencial de la democracia. Es un derecho fundamental que está reglamentado no solo en las legislaciones internas de la mayoría de los países del mundo, sino que hace parte de los principales tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. La ONU y la OEA tienen sus respectivos relatores sobre libertad de expresión. Solo en los regímenes dictatoriales o en los gobiernos autoritarios no existe esta garantía, porque atenta contra la verdad única de sus sátrapas.
Sin embargo, Karl Popper planteó la paradoja de la tolerancia: ¿se debe permitir la libertad de expresión a aquellos que la utilizarían para eliminarla? No. Defender la tolerancia no significa defender al intolerante, en especial si atenta contra las libertades fundamentales. Difícilmente se defendería el derecho de Adolf Hitler a utilizar libremente las redes sociales si viviera en esta época; es decir, que sí hay un límite sobre la base de los peligros que esta acarree y las normas legales que vulnere. Lo que no se puede hacer es dejar su aplicación al arbitrio de los dueños de las redes sociales, por el temor a un manejo acomodaticio de la balanza del bien y del mal.
En el reciente caso de Estados Unidos, la profesora Sandra Borda considera que “las restricciones que contempla la legislación estadounidense a la libertad de expresión son menos ambiguas de lo que algunos creen. La Corte Suprema ha dicho que la advocacy of the use of force (defensa del uso de la fuerza) no está protegida cuando está dirigida a incitar o producir una acción ilegal. También ha dicho que un «peligro claro y presente puede justificar una restricción a la libertad de expresión»”. En este entendido, la decisión de Twitter y Facebook con respecto a Donald Trump se basa en el peligro que su uso irresponsable representa para la democracia y se sustenta en normas previamente establecidas. No ha sido, por consiguiente, un mero hecho discrecional.
En estas circunstancias, causa estupor la actitud de quienes, allá y acá, convierten este tema en una defensa de sus propios intereses. El expresidente Álvaro Uribe Vélez y el embajador Francisco Santos no condenaron el intento de golpe de Estado propiciado por Trump, pero trinaron para defender su derecho a la libertad de expresión. Uribe, que durante su gobierno atacó a los periodistas y medios que lo contradecían y que ha continuado haciéndolo, incluso calumniando a quienes denuncian hechos censurables ocurridos durante su gestión y con posterioridad, ahora trina no para repudiar un atentado a la democracia, sino para defender a quien, desde la Casa Blanca, lo propició y lo ha defendido a él.
Este periódico tiene la suficiente estatura moral y autoridad para hablar con solvencia sobre la libertad de expresión. Desde su creación, en el siglo XIX, hemos sido objeto de cierres, incendio, imposición de la censura, ataques desde el poder, presiones desde el sector financiero e industrial o la sangrienta arremetida del narcotráfico, que le costó la vida a nuestro director, don Guillermo Cano, a periodistas, así como una bomba que casi destruye nuestras instalaciones. Sabemos muy bien lo que implica defender con la vida un principio elemental de la democracia, pero también sabemos que hay momentos y situaciones en las cuales se debe restringir su manejo irresponsable por ir en contra de la ley.
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