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El Gobierno de Guatemala, con el apoyo de entes judiciales y de control, está buscando por todos los medios posibles impedir que Bernardo Arévalo, el candidato que quedó segundo en la primera vuelta electoral, participe en agosto en el balotaje. El Movimiento Semilla, que lidera y recoge todo el descontento de la gran movilización civil que en 2015 abanderó la lucha contra la corrupción en el país, fue inhabilitado por una Fiscalía que se considera un apéndice del autoritario presidente Alejandro Giammattei. La ilegal medida fue dejada sin efecto por la Corte de Constitucionalidad, de manera temporal.
Es la segunda vez que se presenta una acción de características similares en las últimas semanas. A los pocos días de terminada la primera vuelta, el 25 de junio, la Corte de Constitucionalidad solicitó repetir el escrutinio, a petición de nueve partidos. Esto, a pesar de que los observadores internos e internacionales avalaron el resultado que arrojaron las urnas. Gracias a la presión internacional, en especial de la OEA, la Unión Europea y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el tema no pasó a mayores y el reconteo avaló la información inicial. El objetivo buscado por el actual presidente y la clase política tradicional es inhabilitar a Arévalo y que a la segunda vuelta lleguen Sandra Torres, que quedó primera en junio, y el candidato oficialista, que sorpresivamente obtuvo el tercer lugar.
Lo que está sucediendo es un atentado contra la institucionalidad del país, al querer desconocer el resultado de las urnas. Giammattei y buena parte de la clase política que lo apoya en el Congreso cargan a sus espaldas con serias acusaciones de corrupción, que han sido dadas a conocer por periodistas, defensores de derechos humanos y honestos funcionarios judiciales que no están dispuestos a cohonestar los delitos contra el erario, así como los altos niveles de impunidad. El actual ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, fue el coordinador de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y debió irse del país ante el acoso del Gobierno y de los funcionarios judiciales implicados en casos de corrupción. En los últimos meses han salido más de 100 personas ante el hostigamiento de las autoridades.
En esta nueva embestida reaparecen la fiscal general, Consuelo Porras, y el fiscal Rafael Curruchiche, un funcionario sobre el que pesan serias acusaciones de corrupción y está sancionado por Estados Unidos. Curruchiche ya había tenido una participación censurable en el caso del valiente periodista José Rubén Zamora, director de elPeriódico, quien fue condenado a seis años de prisión en un proceso plagado de irregularidades. Pocas horas antes de que se avalara el resultado del recuento de la primera vuelta, el cuestionado fiscal inhabilitó al Movimiento Semilla ante una supuesta falsificación de firmas, dejando a Arévalo fuera de la contienda electoral. A pesar de que la Corte de Constitucionalidad revocó y dejó sin efecto la inhabilitación del candidato de Semilla, se presentó como una medida temporal y todavía existe la posibilidad de que se pueda revivir la inhabilidad más adelante, como lo han denunciado varias ONG.
De momento existe en Guatemala una tensa calma a la espera de que no se vayan a presentar nuevos intentos del Gobierno por atentar contra el orden democrático. Con cerca de 17 millones de habitantes, el país centroamericano tiene unos altísimos niveles de pobreza, alrededor del 60 % de la población, que sobrevive en condiciones de gran desigualdad, en buena medida debido a la corrupción rampante. La posibilidad de un cambio en la conducción del país, que permita retomar la senda democrática y combatir el cáncer de la corrupción, sería muy importante para su futuro. Se debe mantener la permanente veeduría internacional.
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