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La coalición ultraderechista que gobierna Israel, con Benjamin Netanyahu a la cabeza, ha generado un movimiento telúrico dentro de la sociedad israelí con un proyecto de ley que pretende socavar uno de los fundamentos de la democracia liberal: la autonomía de las tres ramas del poder público. De aprobarse la propuesta, que ya sorteó uno de tres debates en el Legislativo, le conferiría al Parlamento la facultad de descartar decisiones de la Corte Suprema de Justicia y, además, le daría al primer ministro la posibilidad de incidir en el nombramiento de los jueces. El descontento se ha trasladado a las calles, incluyendo a las fuerzas armadas, y el presidente, Isaac Herzog, ha exigido el retiro inmediato de la cuestionada reforma.
El tema toca fibras sensibles entre los israelíes. Hay un modelo de país en el que han convivido judíos seculares y religiosos. Entre estos últimos se encuentran grupos religiosos nacionalistas ortodoxos y ultraortodoxos que creen que la Corte no ha amparado debidamente sus derechos y que es una amenaza para los beneficios que tienen, entre ellos no hacer el servicio militar, no pago de impuestos, el manejo de temas educativos y el apoyo financiero del Gobierno. De este grupo forman parte los colonos que tienen asentamientos en la Margen Occidental, porque, a pesar de que en ocasiones la Corte ha sido permisiva con ellos, ha fallado en varias ocasiones contra sus pretensiones de permanecer en territorios que les pertenecen a los palestinos.
De otro lado se encuentran los ciudadanos seculares, que quieren un Estado pluralista, que pagan impuestos, van al servicio militar, aceptan ciertas normas sociales de carácter religioso que no necesariamente comparten y creen que en un Estado democrático el sistema de pesos y contrapesos, basado en la independencia de poderes, debe ser un eje inamovible. En especial, porque el propio Netanyahu, a pesar de que lo ha negado, tiene un interés directo en que se apruebe sin dilación la reforma. Sobre él pende un engorroso tema judicial por corrupción que no se ha terminado de decidir y en el cual la Corte Suprema cumple un papel determinante. Como hecho paradójico, en el pasado él fue defensor de la independencia del Poder Judicial. No tiene presentación que un jefe de Gobierno se encuentre litigando en causa propia, así sea de manera indirecta, para darle un excesivo poder al Parlamento, donde su coalición de ultraderecha tiene mayoría, y así revertir fallos judiciales.
Otra preocupación que va aparejada con esta indeseable situación, tal y como lo han expresado miles de personas que han salido a protestar a las calles, es terminar llevando a Israel a situaciones similares a las de otros países como Polonia y Hungría, por citar solo dos casos, donde gobiernos de derecha han debilitado importantes garantías democráticas. No se trata de privilegiar o censurar posiciones políticas de izquierda o derecha, sino de hacer énfasis en la defensa de la democracia frente al autoritarismo. Cuando un gobierno utiliza los mecanismos que le ofrece el Estado de derecho para socavar la institucionalidad, debe presentarse un rechazo de la sociedad, como está sucediendo no solo en Israel sino en buena parte de la comunidad judía alrededor del mundo.
Que un jefe de Estado como Isaac Herzog abandone su figura protocolar, entre a opinar sobre temas de gran calado que afectan al país y se pronuncie de manera tan contundente quiere decir que algo grave está pasando. Su petición para que se retire de inmediato el esperpento gubernamental se basa en su gran temor de poner en riesgo “los fundamentos democráticos del país”. Nada más ni nada menos. Al respecto y a pesar de la férrea defensa del proyecto que ha hecho Netanyahu, hay un grupo de importantes personalidades que está negociando tras bambalinas una nueva propuesta que pueda alcanzar un consenso por fuera del Parlamento, para llevarla luego ante los legisladores. Parece ser la mejor salida.
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