¿Investigará la Procuraduría al ministro del Interior, Daniel Palacios, por intervenir directamente en las elecciones que están en curso para reemplazar al presidente Iván Duque en la Casa de Nariño? ¿Habrá algún reproche del primer mandatario a su mano derecha por utilizar la fuerza del Estado para obstaculizar una candidatura de oposición? ¿Cómo se habla de elecciones libres y transparentes si desde el Gobierno se les dice a los colombianos que una opción en el tarjetón es equivalente a una catástrofe democrática? Así lo fuere, un gobierno en ejercicio tiene que ofrecer todas las garantías a electores y candidatos.
Lo del ministro Palacios es intervención en política, no hay otra manera de verlo. Más importante aún, es una clara manipulación del proceso democrático que él, precisamente, está llamado a proteger por mandato constitucional. Sin importar la calidad de las provocaciones, los funcionarios públicos deben recordar que, al ejercer sus cargos, representan al país entero y tienen unas mínimas reglas de comportamiento que se esperan para fortalecer las instituciones. Salir a bravuconear y enviar acusaciones infundadas es motivar los discursos que acusan al Estado de estar sesgado y, peor aún, que ven la posibilidad de fraude en las elecciones.
En entrevista con El País de España, Gustavo Petro siguió lanzando sus ya típicas frases incendiarias que, en efecto, son peligrosas. Cuando le preguntaron si enjuiciaría al presidente Iván Duque, el hoy senador y precandidato presidencial contestó: “¿Por el asesinato sistemático de jóvenes? Indudablemente”. En su respuesta hay ecos de Donald Trump, quien en su campaña presidencial de 2016 repitió en varias ocasiones que deberían meter a la cárcel a su oponente, Hillary Clinton. A todas luces se trata de un comentario irresponsable.
Sin embargo, por más censurable que sea lo dicho por el senador, eso no justifica que el ministro del Interior aproveche para intervenir en el proceso electoral, llevándose de frente en su actuar las garantías a la oposición. En su cuenta de Twitter, el ministro Palacios escribió: “El candidato indultado, justificador de la toma al Palacio de Justicia, promotor del régimen violador de derechos humanos de Maduro anuncia buscar enjuiciar al presidente de la República si gana la presidencia. Peligro para la democracia”. Más claro el mensaje, imposible.
Las reglas, formales y éticas, de no intervención en procesos electorales tienen una razón de ser clara. Como el gobierno de turno es el encargado de garantizar la transparencia y legalidad de los procesos democráticos, nada en su actuar puede leerse como utilización de los poderes del Estado para favorecer a un candidato determinado o entorpecer el camino de otro. Es una lógica sencilla que, de todas maneras, vive siendo desconocida por quienes llegan a los altos cargos en el Gobierno: al entrar a la nómina oficial, su más sagrado compromiso es con todos los colombianos y con proteger las instituciones. La Procuraduría está para vigilar que eso se cumpla, pero la cercanía con el Gobierno en este caso despierta justas dudas.
Si Palacios quiere proteger la democracia, podría empezar con dejar de darle a la oposición más radical fuego retórico. Cuando digan que el Gobierno quiere intervenir en elecciones, ¿con qué legitimidad moral demostrará el ministro del Interior lo contrario?
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
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¿Investigará la Procuraduría al ministro del Interior, Daniel Palacios, por intervenir directamente en las elecciones que están en curso para reemplazar al presidente Iván Duque en la Casa de Nariño? ¿Habrá algún reproche del primer mandatario a su mano derecha por utilizar la fuerza del Estado para obstaculizar una candidatura de oposición? ¿Cómo se habla de elecciones libres y transparentes si desde el Gobierno se les dice a los colombianos que una opción en el tarjetón es equivalente a una catástrofe democrática? Así lo fuere, un gobierno en ejercicio tiene que ofrecer todas las garantías a electores y candidatos.
Lo del ministro Palacios es intervención en política, no hay otra manera de verlo. Más importante aún, es una clara manipulación del proceso democrático que él, precisamente, está llamado a proteger por mandato constitucional. Sin importar la calidad de las provocaciones, los funcionarios públicos deben recordar que, al ejercer sus cargos, representan al país entero y tienen unas mínimas reglas de comportamiento que se esperan para fortalecer las instituciones. Salir a bravuconear y enviar acusaciones infundadas es motivar los discursos que acusan al Estado de estar sesgado y, peor aún, que ven la posibilidad de fraude en las elecciones.
En entrevista con El País de España, Gustavo Petro siguió lanzando sus ya típicas frases incendiarias que, en efecto, son peligrosas. Cuando le preguntaron si enjuiciaría al presidente Iván Duque, el hoy senador y precandidato presidencial contestó: “¿Por el asesinato sistemático de jóvenes? Indudablemente”. En su respuesta hay ecos de Donald Trump, quien en su campaña presidencial de 2016 repitió en varias ocasiones que deberían meter a la cárcel a su oponente, Hillary Clinton. A todas luces se trata de un comentario irresponsable.
Sin embargo, por más censurable que sea lo dicho por el senador, eso no justifica que el ministro del Interior aproveche para intervenir en el proceso electoral, llevándose de frente en su actuar las garantías a la oposición. En su cuenta de Twitter, el ministro Palacios escribió: “El candidato indultado, justificador de la toma al Palacio de Justicia, promotor del régimen violador de derechos humanos de Maduro anuncia buscar enjuiciar al presidente de la República si gana la presidencia. Peligro para la democracia”. Más claro el mensaje, imposible.
Las reglas, formales y éticas, de no intervención en procesos electorales tienen una razón de ser clara. Como el gobierno de turno es el encargado de garantizar la transparencia y legalidad de los procesos democráticos, nada en su actuar puede leerse como utilización de los poderes del Estado para favorecer a un candidato determinado o entorpecer el camino de otro. Es una lógica sencilla que, de todas maneras, vive siendo desconocida por quienes llegan a los altos cargos en el Gobierno: al entrar a la nómina oficial, su más sagrado compromiso es con todos los colombianos y con proteger las instituciones. La Procuraduría está para vigilar que eso se cumpla, pero la cercanía con el Gobierno en este caso despierta justas dudas.
Si Palacios quiere proteger la democracia, podría empezar con dejar de darle a la oposición más radical fuego retórico. Cuando digan que el Gobierno quiere intervenir en elecciones, ¿con qué legitimidad moral demostrará el ministro del Interior lo contrario?
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