Está quedando muy mal el Consejo Nacional Electoral (CNE) creando todos los obstáculos posibles para evitar que los bogotanos decidan en las urnas si desean que el alcalde Enrique Peñalosa termine su mandato constitucional. Las excusas y dilaciones dan a entender que todo es un juego político, que hay autoridades incómodas con los mecanismos constitucionales y que la democracia sólo se puede ejercer cuando sea conveniente y se cumplan estrictos y arbitrarios requisitos.
En su pronunciamiento más reciente, el CNE anunció una investigación administrativa y la formulación de cargos contra Gustavo Merchán, representante legal del comité “Unidos revocamos a Peñalosa”. Esto quiere decir que por lo menos en los próximos cuatro meses no habrá una decisión que permita el proceso revocatorio. Algunos analistas han dicho que esto es un triunfo para la Alcaldía de Bogotá, pues, por tiempos, si en efecto se realiza la votación y triunfa el Sí, se designará un alcalde para el resto del período que sea de su mismo grupo político o coalición.
La pregunta necesaria es: ¿por qué tanta ineficiencia y tantas trabas a lo que debería ser un ejercicio democrático libre?
Según la Registraduría, de las 706.708 firmas presentadas por el comité para su verificación y revisión, 473.700 resultaron válidas. Es decir que, de cada diez firmas, al menos seis (el 67 %) fueron aprobadas. Se cumplió el requisito constitucional. ¿Qué más se necesita?
El CNE ya había ventilado la tesis de que es necesario que los comités probaran que el alcalde estaba incumpliendo su programa de gobierno, pero eso parece un criterio innecesariamente lesivo de los derechos de los ciudadanos. Si la Constitución permite convocar a la revocatoria, y las personas con sus firmas dicen que consideran que hay suficientes motivos para ir a las urnas antes de finalizar el período, ¿por qué instituir más trabas?
Por supuesto, el problema no es sólo interés del alcalde Peñalosa. A lo largo y ancho del país son varios los mandatarios interesados en poner palos en la rueda de los mecanismos de participación popular, convencidos de que se trata de un complot en su contra para sabotearles la gobernabilidad. Pero eso es, en últimas, respaldar la idea de que la democracia no puede incomodar.
Si hay tantos problemas con los criterios que permiten convocar a las revocotarias, el debate debería darse en el Congreso, no en las puertas cerradas de un CNE con alta influencia política. Diluir las iniciativas hasta minimizar sus efectos prácticos es una vulneración directa de los derechos de los ciudadanos a cuestionar a sus mandatarios.
Esto no es, por cierto, un respaldo a la revocatoria. En este espacio hemos dicho en varias ocasiones que nos parece innecesaria e incoveniente. Pero la manera de enfrentarla no es sabotearla al punto que rompamos la promesa constitucional de que la democracia puede ejercerse en cualquier momento cuando un número determinado de ciudadanos lo crean necesario. Todo lo demás son excusas dañinas para la sociedad.
Por El Espectador
