El sistema de salud colombiano insiste en posicionarse como eje del debate público. La disputa entre Droguerías y Farmacias Cruz Verde y la EPS Sanitas, terciado por un Ministerio de Salud que se redujo a exigir el cumplimiento del servicio sin referirse a los problemas de fondo, muestra la importancia de tomar decisiones de reconfiguración estructural del sistema. El polémico proyecto de reforma que se tramita en el Congreso no puede ser la única respuesta y hace falta la construcción de un consenso nacional que incluya a todos los actores del sistema. ¿La administración de Gustavo Petro será capaz de modificar su estrategia?
De manera sorpresiva, Cruz Verde dijo que a partir del 15 de noviembre no iba a entregar más medicamentos que no están en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) a los afiliados de Sanitas. Se trata de una decisión drástica, aunque tanto la EPS como la red de farmacias aclararon que sí seguirá entregando los medicamentos del PBS, que representan el 96 % del total de la demanda de los colombianos. Eso quiere decir que la mayoría de las personas no sentirán la posible intermitencia en el servicio, pero también invita a pensar en el 4 % que necesita los medicamentos ultraespecializados que no están en el PBS. Por citar un ejemplo, aquellos con enfermedades huérfanas, que de por sí tienen obstáculos para recibir tratamientos adecuados en el sistema, están entre los damnificados. Se trata, a todas luces, de un escándalo.
La pregunta es cómo llegamos aquí y de qué manera se puede solucionar. Según Cruz Verde, Sanitas le adeuda cerca de $400.000 millones de pago por los medicamentos no PBS desde hace tres años. Eso evidencia que el problema viene de antes y es cierto: el sistema de salud colombiano lleva más de una década aplazando la discusión sobre cómo cubrir (o no hacerlo) los medicamentos más costosos. Hace unos meses, las EPS más grandes del país le enviaron una comunicación al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, diciendo que las deudas son pesos estructurales y los retrasos en los pagos son inaceptables. El problema, claro está, persiste.
El Gobierno, por su parte, respondió con agresividad. El ministro Jaramillo dijo que “cumple porque cumple la EPS como le corresponde” y aprovechó para lanzar dardos sobre la transparencia de Sanitas: “Uno se pregunta: no pagan (a los proveedores), pero sus utilidades en sus clínicas, donde hay integración vertical, gozan de muy buena salud”. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, por su parte, dijo que había pagado lo pactado hasta septiembre y que no hay motivos para el incumplimiento.
Más allá de que es fundamental que Sanitas cumpla sus responsabilidades y le cuente al país cómo están las cuentas que causaron la tensión con Cruz Verde, el trasfondo claro es el modelo de aseguramiento en salud que desea Colombia. El gobierno Petro parece querer seguir antagonizando con las EPS, mientras su proyecto de reforma a la salud sigue en cuidados intensivos en el Congreso por falta de consenso. Aunque el problema es heredado, no hay excusas para que el Gobierno no tome acciones de choque para enfrentar la crisis actual mientras se toma una decisión estructural sobre el sistema. Por su parte, el Congreso está en mora de tomar la palabra en esta discusión con mucha mayor responsabilidad que hasta ahora.
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