La dictadura nicaragüense destierra a presos políticos

“La inmensa mayoría de los prisioneros políticos que purgaban en las cárceles de la dictadura delitos que nunca cometieron, inventados en leyes represivas dictadas ex profeso, han sido liberados, puestos en un avión chárter y enviados de madrugada al destierro, de la misma manera arbitraria en que fueron capturados y sometidos a procesos que nunca tuvieron ningún valor jurídico, y mantenidos en condiciones inicuas en celdas de aislamiento, unos pocos de ellos confinados en sus casas”. Esta descripción hecha por el laureado escritor Sergio Ramírez, en El País de España, es la mejor descripción de lo que sucedió antier en Nicaragua con las 222 personas liberadas y a las cuales se les suprimió arbitrariamente la nacionalidad. El Gobierno de España, en un generoso gesto, ha ofrecido darles la nacionalidad.

La sorpresiva decisión de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, parece ser un gesto destinado a buscar que las fuertes sanciones internacionales impuestas contra ellos y su familia sean levantadas. Una de las peticiones más recurrentes formuladas por organismos internacionales, como la OEA y la ONU, así como diversos gobiernos y organizaciones no gubernamentales, además del retorno a la institucionalidad democrática y el respeto por los derechos humanos, era la inmediata liberación de los presos políticos. El régimen había decidido, siguiendo el ejemplo de Cuba y Venezuela, detener, juzgar sin fundamento y condenar sobre la base de delitos inexistentes a decenas de opositores políticos, jóvenes que lideraron las protestas pacíficas en las calles y líderes empresariales, así como a antiguos compañeros de lucha guerrillera de Ortega.

Por todo lo anterior, es bienvenido el hecho de que estén libres Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Violeta Granera, la exdirigente sandinista Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, Juan Sebastián Chamorro, los líderes estudiantiles Lesther Alemán y Max Jérez, cinco sacerdotes y muchas personas más a las que se tenía, en su inmensa mayoría, en oprobiosas condiciones de reclusión. Para la dictadura se trata de delincuentes y terroristas condenados por atentar contra la soberanía. Para la comunidad internacional son realmente dirigentes políticos, entre ellos varios excandidatos presidenciales encarcelados para inhabilitarlos, así como líderes sindicales y campesinos, miembros de ONG de derechos humanos, dirigentes gremiales, periodistas, abogados y académicos. Dos personas rechazaron tomar el vuelo hacia la libertad: monseñor Rolando Álvarez, obispo de las diócesis de Matagalpa y Estelí, y Fanor Alejandro Ramos. Monseñor Álvarez, la voz más crítica de la Iglesia contra el régimen en Nicaragua, dijo: “Que sean libres, yo pago la condena de ellos”.

Al desterrarlos, se les despoja de todos sus derechos políticos y ciudadanos a perpetuidad, una medida totalmente arbitraria. A los atropellos previos por no existir garantías al debido proceso ahora se suma una atrocidad jurídica mayor. Ortega-Murillo se ven forzados a utilizar a estos rehenes como moneda de cambio, con la esperanza de que se aligeren las sanciones y, de paso, suprimirles cualquier posibilidad de participar en la vida política o de cualquier otro tipo en el país. Ortega ha asegurado que no existe presión alguna o contraprestación recibida o solicitada para liberarlos y que todo fue decisión de su esposa, quien decidió hacer una propuesta a la Embajada de Estados Unidos que, para su sorpresa, fue aceptada. Mientras tanto, la situación de pobreza, opresión y desesperanza que viven los nicaragüenses no hace sino aumentar.

Nos hacemos eco, una vez más, de las palabras de Sergio Ramírez cuando dice que “de cualquier manera la dictadura se ha quedado con las manos vacías. Su mejor estrategia habría sido negociar a los rehenes por lotes, y no soltarlos de una vez, para conservar cartas en la mano. (…) Esos desterrados son más nicaragüenses que nunca”.

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Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.

“La inmensa mayoría de los prisioneros políticos que purgaban en las cárceles de la dictadura delitos que nunca cometieron, inventados en leyes represivas dictadas ex profeso, han sido liberados, puestos en un avión chárter y enviados de madrugada al destierro, de la misma manera arbitraria en que fueron capturados y sometidos a procesos que nunca tuvieron ningún valor jurídico, y mantenidos en condiciones inicuas en celdas de aislamiento, unos pocos de ellos confinados en sus casas”. Esta descripción hecha por el laureado escritor Sergio Ramírez, en El País de España, es la mejor descripción de lo que sucedió antier en Nicaragua con las 222 personas liberadas y a las cuales se les suprimió arbitrariamente la nacionalidad. El Gobierno de España, en un generoso gesto, ha ofrecido darles la nacionalidad.

La sorpresiva decisión de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, parece ser un gesto destinado a buscar que las fuertes sanciones internacionales impuestas contra ellos y su familia sean levantadas. Una de las peticiones más recurrentes formuladas por organismos internacionales, como la OEA y la ONU, así como diversos gobiernos y organizaciones no gubernamentales, además del retorno a la institucionalidad democrática y el respeto por los derechos humanos, era la inmediata liberación de los presos políticos. El régimen había decidido, siguiendo el ejemplo de Cuba y Venezuela, detener, juzgar sin fundamento y condenar sobre la base de delitos inexistentes a decenas de opositores políticos, jóvenes que lideraron las protestas pacíficas en las calles y líderes empresariales, así como a antiguos compañeros de lucha guerrillera de Ortega.

Por todo lo anterior, es bienvenido el hecho de que estén libres Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Violeta Granera, la exdirigente sandinista Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, Juan Sebastián Chamorro, los líderes estudiantiles Lesther Alemán y Max Jérez, cinco sacerdotes y muchas personas más a las que se tenía, en su inmensa mayoría, en oprobiosas condiciones de reclusión. Para la dictadura se trata de delincuentes y terroristas condenados por atentar contra la soberanía. Para la comunidad internacional son realmente dirigentes políticos, entre ellos varios excandidatos presidenciales encarcelados para inhabilitarlos, así como líderes sindicales y campesinos, miembros de ONG de derechos humanos, dirigentes gremiales, periodistas, abogados y académicos. Dos personas rechazaron tomar el vuelo hacia la libertad: monseñor Rolando Álvarez, obispo de las diócesis de Matagalpa y Estelí, y Fanor Alejandro Ramos. Monseñor Álvarez, la voz más crítica de la Iglesia contra el régimen en Nicaragua, dijo: “Que sean libres, yo pago la condena de ellos”.

Al desterrarlos, se les despoja de todos sus derechos políticos y ciudadanos a perpetuidad, una medida totalmente arbitraria. A los atropellos previos por no existir garantías al debido proceso ahora se suma una atrocidad jurídica mayor. Ortega-Murillo se ven forzados a utilizar a estos rehenes como moneda de cambio, con la esperanza de que se aligeren las sanciones y, de paso, suprimirles cualquier posibilidad de participar en la vida política o de cualquier otro tipo en el país. Ortega ha asegurado que no existe presión alguna o contraprestación recibida o solicitada para liberarlos y que todo fue decisión de su esposa, quien decidió hacer una propuesta a la Embajada de Estados Unidos que, para su sorpresa, fue aceptada. Mientras tanto, la situación de pobreza, opresión y desesperanza que viven los nicaragüenses no hace sino aumentar.

Nos hacemos eco, una vez más, de las palabras de Sergio Ramírez cuando dice que “de cualquier manera la dictadura se ha quedado con las manos vacías. Su mejor estrategia habría sido negociar a los rehenes por lotes, y no soltarlos de una vez, para conservar cartas en la mano. (…) Esos desterrados son más nicaragüenses que nunca”.

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